En su informe presentado el 17 de agosto de 2021 al presidente Luis Arce, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionó el papel que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana jugaron en la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.
“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”, señaló.
Ese 10 de noviembre, de forma sucesiva, los comandantes de ambas instituciones demandaron la renuncia del mandatario, en medio de graves conflictos que degeneraron luego de las elecciones.
En la presentación del informe del GIEI, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Arce denunció que “los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado”.
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En su informe, el GIEI se inhibió de comentar sobre si en 2019 hubo o no golpe de Estado, como denuncia el oficialismo, o si hubo fraude electoral, como denuncia la oposición.
“Sin embargo, ante su responsabilidad de recomendar medidas de fortalecimiento institucional, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel”, dice el documento.
Durante ocho meses, el GIEI investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. Con 37 fallecidos en el conflicto, el GIEI calificó que hubo masacres en Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19, con una veintena de muertes a bala.
Sugirió al Estado adecuar normas, procedimientos y estructuras de la Policía y las Fuerzas Armadas para fortalecerlas. “Estas instituciones deben estar subordinadas al poder civil, y sometidas a controles internos y externos y a reglas de transparencia y rendición de cuentas”, recomendó.
