El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Bolivia, José Luis Caballero, identificó el cumplimiento de cuatro de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia en los conflictos poselectorales de 2019.
En este primer informe, se revisaron 15 de las 36 recomendaciones del GIEI; de ellas, tres tienen el cumplimiento pleno y en el caso de la recomendación 16, solo su inciso 2, sobre el mecanismo contra la tortura, tiene cumplimiento pleno.
Otras dos recomendaciones están con cumplimiento parcial sustancial; nueve con cumplimiento parcial y una de pendiente de cumplimiento.
El resto de las recomendaciones, anunció, serán evaluadas en un segundo informe del organismo.
“Hay cuatro que se han cumplido cabalmente”, dijo el comisionado en una conferencia de prensa en el edificio de la Cancillería, La Paz.
Víctimas
Entre esos puntos identificó la creación del mecanismo internacional para seguimiento, se ha creado el plan de reparaciones (a las víctimas).
“Hay uno que es muy relevante que es dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía de violación de derechos humanos”, agregó.
Finalmente relievó la creación de un mecanismo contra la tortura, además de la adecuación de las leyes.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que ese informe muestra un “compromiso del Estado boliviano y la CIDH con las víctimas” con base en tres pilares “fundamentales”: memoria, verdad y justicia.
Confirmó que el relator Caballero y su comisión se reunirán a los familiares y víctimas de las masacres en Sacaba y Senkata, en Cochabamba y El Alto, respectivamente.
“También va a cumplir una agenda con nuestro fiscal general de Estado (Juan Lanchipa) y con siete de los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, apuntó la autoridad en el mismo acto.
Afirmó que la Justicia aún tiene una “deuda” con las víctimas para esclarecer la violencia en 2019.
“Esta visita necesita consolidar el valor mayor de la democracia (…). Necesitamos que la Justicia actúe y que el país entienda que ésta solo va a existir en el marco de un debido proceso”, añadió, y comprometió el cumplimiento de las 36 recomendaciones de la GIEI.
Informe del GIEI
La CIDH y el Estado boliviano suscribieron en diciembre de 2019 un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia; además, las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los conflictos poselectorales.
Entonces, las protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral cobraron fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el presidente, Evo Morales, renuncie a su cargo.
Finalmente, el 10 de noviembre de ese año, cuando Morales se alejó del cargo, los movilizados lograron su cometido.
Dos días después, el 12, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum necesario ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).
De inmediato surgieron las movilizaciones que pedían “respeto a la democracia” y reclamaban por la renuncia de Morales.
En el afán de contener las protestas, Áñez emitió el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078. Esa norma eximía de responsabilidad penal a policías y militares por el posible uso excesivo de la fuerza. La norma fue abrogada el 28 de noviembre.
“Blindados”, los uniformados reprimieron violentamente a los movilizados. Primero, el 15 de noviembre, fuerzas del orden provocaron la muerte de 10 personas, la mayoría a bala, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.
