El equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió este jueves con las víctimas de Huayllani, en Cochabamba, en el marco del seguimiento de las recomendaciones realizadas a Bolivia por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) por la crisis de 2019.
Tras la reunión, el comisionado de la CIDH y relator para Bolivia, José Luis Caballero, señaló que las víctimas de Huayllani tienen “una inconformidad con el avance en el cumplimiento a las recomendaciones”. “Tenemos que procesar, considerar y seguir en el diálogo con las víctimas y con el Estado”, indicó Caballero, quien llegó al país para exponer el primer informe de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones del GIEI Bolivia (Meseg).
Además, dijo que tras el encuentro no se tiene “conclusiones puntuales” y que “recogimos el sentir, escuchamos tomamos conocimiento de las cosas y vamos a proceder con eso en su momento”.
El abogado de las víctimas, Nelson Cox, sostuvo que existe “un grosero incumplimiento” de las recomendaciones del GIEI.
“Estos incumplimientos no pueden pasar por alto. Las víctimas continúan atravesando situaciones de vulnerabilidad por las cuales en este momento es imperativo que la mesa que se ha estructurado para que se implemente las recomendaciones, asuma determinaciones inmediatas”, manifestó Cox.
Agregó que en el tema de incumplimientos es necesario que la Justicia merezca los “correctivos necesarios” y, de acuerdo con ello, “la mesa y el GIEI asumir las determinaciones que correspondan”. “Lo que nos indigna es que continúan las vulneraciones, situaciones de abandono y absoluta dejadez de un gobierno que está gracias al voto”.
Lea más: Comisionado Caballero: Se pide avances ‘más de fondo’ sobre sugerencias del GIEI
María Javier Yucra, representante legal de las víctimas de Huayllani, antes del ingreso a la reunión, señaló que se denunciará el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por el GIEI.
“Lamentablemente no se ha cumplido ni mitad, todo aquello vamos a denunciar. Tres años sin justicia, sin reparación integral y sin resarcimiento de los daños y tenemos que estar peregrinando, pero estamos de pie para exigir y encontrar justicia”, señaló.
El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) emitió 36 recomendaciones en su informe sobre la vulneración de derechos humanos en la crisis de 2019.
El 10 de noviembre de ese año, el presidente Evo Morales renunciaba agobiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Dos días después asumía la senadora Jeanine Áñez, quien el 14 de noviembre promulgó el decreto 4078, que eximió de responsabilidad penal a los militares que participaron en operativos para “restablecer el orden”.
Bajo ese paraguas, un día después ocurrió la masacre en el puente Huayllani, en la localidad de Sacaba, con el saldo de 10 fallecidos por impactos de bala. Y el 19 de noviembre ocurrió la masacre de Senkata (El Alto), con otros 10 decesos por impactos de bala.
