En los últimos siete años, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió cuatro decisiones y posiciones que generaron polémica debido a las circunstancias políticas. La última puso en vilo a la Asamblea Legislativa y tiende a complicarlo.
Debido a una consulta de control constitucional emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a su vez fue planteada por la Cámara de Diputados ante la necesidad de reencaminar las elecciones judiciales a través de una ley, los miembros del TCP decidieron prorrogar su mandato de seis años y el de los tribunales de Justicia y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.
Además, a través de la Declaración Constitucional 049/2023, anularon el Proyecto de Ley 144, aprobada en la Cámara de Senadores y derivada a Diputados, que disponía comicios a mediados de enero de 2024 y planteaba la suspensión de los plazos procesales.
Elecciones judiciales
Y conminaron a la Asamblea Legislativa a convocar, de forma inmediata, a la preselección y selección de postulantes con dos tercios de votos.
La declaración “es un golpe judicial a la democracia”, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en la misma línea que los presidentes Carlos Mesa, Evo Morales y Eduardo Rodríguez, y los legisladores del ala evista.
De parte del arcismo, el procurador general del Estado, César Siles, afirmó que la declaración del TCP es de cumplimiento obligatorio ante la necesidad de evitar un “vacío de poder”.
A cuatro días de conocida la posición de dicho tribunal, la Asamblea Legislativa no dio señales de reacción institucional, ni por la prórroga ni por la conminatoria a reencaminar las elecciones, salvo consideraciones aisladas de algunos legisladores.
Prórroga de 2020
Una actuación similar —la prórroga— tuvo el TCP en 2020, semanas después de que renunciara el presidente Evo Morales y se proclamara en su lugar la senadora Jeanine Áñez. Entonces, el mandato del gobernante terminaba el 22 de enero, como el de los 36 senadores y 130 diputados.
Entonces, la Asamblea Legislativa había aprobado el Proyecto de la Ley 160/2019-2020 “CS”, Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. Por las “dudas razonables” en relación a una eventual prórroga, la entonces presidenta en ejercicio del Órgano Legislativo, la senadora Eva Copa, interpuso una consulta de control de constitucionalidad al mismo TCP.
Puede leer: Comisionado de la CIDH: Se recogió ‘el sentir’ de las víctimas de Huayllani
A una semana del final de mandato, el 15 de enero, el TCP emitió la Declaración Constitucional 0001/2020, con la que dispuso la prórroga de las autoridades electas en los comicios de 2014.
Es con este documento que Áñez defiende la presunta constitucionalidad de su mandato en los bullados casos Golpe de Estado I, de hechos precedentes a la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019, y Golpe de Estado II, de su proclamación, el 12 de noviembre de ese mismo año. También alega la declaración del TCP para invocar un juicio de responsabilidades en otros casos.
Proclamación
La exmandataria exhibe en sus redes sociales la fotografía de la promulgación de la ley de prórroga, en la que se la ve junto a Copa.
Áñez había llegado al poder con el alegato de “vacío de poder”, a raíz de las renuncias sucesivas de Morales, del vicepresidente Álvaro García y de los presidentes de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. El día de su proclamación, el 12 de noviembre, su colega senador Yerko Núñez, posteriormente su ministro, aguardaba con ansias un pronunciamiento del TCP, cuyo lobby había estado a cargo del exsenador y abogado Luis Vásquez Villamor, a su vez asesor del expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).
La posición del TCP no fue expresada en una declaración, ni una resolución, menos una sentencia; fue un comunicado, que, en criterio del entonces presidente del tribunal, Petronilo Flores, no es vinculante ni tiene “ninguna relevancia jurídica”.
El comunicado invocaba la Declaración Constitucional 0003/2001, del 31 de julio de 2001, con la que Quiroga había blindado su sucesión ante la renuncia del presidente Hugo Banzer Suárez, con cáncer terminal.
Sucesión
Habrá sucesión ipso facto, “no requiriéndose de ley ni de resolución congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República”, parafraseaba el comunicado del TCP.
El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional emitió la Declaración Constitucional 0084/2017 ante un recurso del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Entonces, el TCP consideró “más favorable en relación a los derechos políticos” algunos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a las frases serán elegidos “por una sola vez de manera continua” y “de manera continua por una sola vez” de la Constitución.
Con esa sentencia, Morales fue habilitado como candidato en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Su postulación alimentó las protestas ese año.
