William Torrez, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz, explicó este martes que el proyecto de ley aprobado el lunes en la Cámara de Senadores prevé las elecciones judiciales en cuatro o cinco meses, es decir, hasta mayo de 2024.
Asimismo, la propuesta de norma prevé, en caso de acefalías, la ampliación de plazos procesales ante recurso de casación, procesos contenciosos y procesos contenciosos administrativos.
“Para que (la acefalía en los cargos judiciales) no cause daños, se ha planteado la suspensión de estos plazos hasta que se elijan democráticamente autoridades jurisdiccionales. Calculamos que eso (las elecciones) será entre unos cuatro o cinco meses, comprimiendo plazos al máximo”, dijo el legislador en una entrevista con La Razón Radio.
Optimista, Torrez dijo que las elecciones judiciales tienen que ver con intereses colectivos y no particulares, por lo que prevé consensos en la Asamblea Legislativa. “No creo que haya legislador que se oponga a aquello (…) No puede haber un boliviano que obstaculice el derecho de los bolivianos a elegir”.
Elecciones judiciales
El pasado martes, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respondieron ante la consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la pertinencia del proyecto del Ley 144, sobre las elecciones judiciales, remitida a ese órgano judicial el 20 de septiembre y admitida ocho días después.
Los magistrados, posesionados en enero de 2018, luego de los comicios judiciales, decidieron prorrogar su mandato, que vencía el 2 de enero de 2024, hasta que se conozca los resultados de la nueva elección.
Una de esas resoluciones ordena a la Asamblea Legislativa a realizar “lo más pronto posible” la preselección de candidatos para las judiciales. Inmediatamente surgió una serie de críticas y cuestionamientos a esa decisión, a la que Torrez calificó como “inadmisible”. “Esto surge de la actitud obstructiva e inviabilizadora del TCP”, remató.
“Los magistrados tienen un periodo de funciones de seis años, taxativo, y no tienen derecho a la reelección, pero el TCP mete de contrabando ese artículo. Además, ninguna autoridad puede fallar en favor de sí mismo. Si el TCP tenía intereses, debían alejarse de la causa”, consideró el legislador del ala evista del MAS.
Momentos exigentes
En criterio del senador Torrez, el país atraviesa circunstancias y momentos políticos “altamente exigentes”, por lo que convocó a sus colegas y a la Cámara de Diputados a allanar el camino para “garantizar el derecho constitucional de elegir a las autoridades”.
Ese proyecto de ley fue derivado a la Cámara de Diputados, en su condición de órgano revisor, donde el documento deberá contar con el respaldo de al menos dos tercios de sus miembros, como lo exigió el TCP.
Las elecciones judiciales sufrieron dos grandes escollos. El primero, el 12 de abril, cuando el ciudadano Miguel Ángel Balcázar presentó un recurso ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que frenó el proceso.
El segundo fue el 27 de abril, cuando el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria. El TCP falló el 31 de julio y dejó en fojas cero todo el proceso.
