La expresidenta transitoria Jeanine Áñez acusó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prorrogó el mandato de las altas autoridades judiciales, de haber criminalizado la sucesión constitucional y los tachó de “judas golpistas” y “cómplices de fraude”.
Similar crítica fue lanzada contra el vicepresidente David Choquehuanca, a quien criticó por no haber llevado adelante el proceso para las elecciones judiciales.
“Se prorrogaron sin mandato, CRIMINALIZARON la SUCESION CONSTITUCIONAL pero en 2020 inauguré Año Judicial como PRESIDENTE DE BOLIVIA con ESTOS MISMOS MAGISTRADOS y ahora Choquehuanca cerró la ALP sin elecciones judiciales: Todos JUDAS GOLPISTAS cómplices de fraude y vacío de poder (Sic)”, escribió Áñez en su cuenta de X.
AUTO SUPREMO
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió el viernes el Auto Supremo 2064/2023 que rechaza el recurso de casación planteado por Áñez en el caso Golpe de Estado II. Así, se ratifica el fallo que le dio 10 años de cárcel.
“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (…) declara infundado el recurso de casación interpuesto por Jeanine Áñez Chávez contra el auto de vista 59/2023 del 12 de mayo pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, señala el auto supremo firmado por los magistrados Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando.
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Se trata del último recurso judicial que podía presentar la exmandataria, con lo cual no tiene más instancias a la cual apelar en esta jurisdicción.
RECURSO DE CASACIÓN
Los abogados de la expresidenta presentaron a fines de julio un recurso extraordinario de casación ante el TSJ, para que se anule la sentencia; sin embargo, esta última resolución ratificó el dictamen.
En el caso Golpe II, Añez estaba acusada de proclamarse de manera ilegal como presidenta de Bolivia en 2019 y, tras ser hallada culpable, fue condenada a 10 años de cárcel por un tribunal de sentencia.
Tras esta decisión, la sentencia de Áñez pase a ser ejecutoriada para su cumplimiento. La expresidenta lleva dos años y nueve meses privada de libertad.
