Los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales se pronunciaron por las últimas decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que tienen que ver con el fallo sobre la Gobernación de Santa Cruz y la prórroga de mandato.
Primero, Mesa calificó de “ilegal” la disposición de la Sala Constitucional Cuarta que emitió la sentencia 1021/2023 de 29 de diciembre del 2023. En ella, dispuso que el vicegobernador cruceño, Mario Aguilera, asuma la dirección de la Gobernación mientras el gobernador Luis Fernando Camacho esté detenido.
“Rechazamos el nuevo atentado del MAS contra Santa Cruz que ahora busca despojar de su mandato al gobernador Luis Fernando Camacho, hoy preso político, a través de una sentencia espuria del TCP que ejerce funciones ilegalmente y que sirve a los intereses políticos del gobierno”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.
En sintonía, Morales advirtió que el Estado de Derecho en Bolivia “está en grave peligro”, pues, según su criterio, “ya no existe independencia de poderes”.
“Nos hemos convertido en el único país del mundo con un Órgano Judicial manipulado por magistrados ilegítimos y autoprorrogados inconstitucionalmente que deciden sentencias manipuladas a escondidas del pueblo para satisfacer al gobierno”, escribió el también dirigente cocalero en X.
Además, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo que los magistrados, en el afán de “de favorecerse con sus propias sentencias, mutilaron” al Órgano Legislativo.
Evo Morales
“Denuncio ante países amigos, organismos defensores de derechos humanos y personalidades internacionales que defienden la democracia, que la continuidad del Estado de Derecho está en grave peligro en Bolivia”, agregó Morales.
El 12 de diciembre los magistrados del TCP decidieron prorrogar su mandato hasta conocer los resultados de las nuevas elecciones judiciales.
Ese proceso estaba previsto para 2023. Sin embargo, luego de una serie de escollos y falta de consenso entre las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa, dichos comicios no se pudieron realizar.
Solo el Senado logró aprobar un proyecto de ley que, luego de ser remitida a Diputados, se truncó. Eso por una consulta que la Comisión de Constitución de ese órgano decidió enviar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); éste lo remitió al TCP, que finalmente lo declaró inconstitucional.
El fallo del 12 de diciembre de 2023 del TCP manda a la Asamblea Legislativa a aprobar lo más pronto posible una nueva ley de convocatoria y la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.
Ahora el reto de las tres fuerzas políticas es precisamente ese; hallar el consenso tanto en Senadores como en Diputados, pues, por disposición del TCP, las decisiones en torno a las judiciales deben ser aprobadas con dos tercios de la votación en ambas cámaras.
