La Fiscalía de Chuquisaca admitió la denuncia de legisladores de la oposición contra magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el delito de usurpación de funciones, en el marco de la prórroga de su mandato.
“Se ha admitido esta denuncia contra autor y autores por la presunta comisión de usurpación de funciones. En esta denuncia, Comunidad Ciudadana (CC) solicita que se pueda identificar esta usurpación de funciones a partir del 3 de enero de 2024 contra exmagistrados y exconsejeros. A partir de esta admisión y de la interoperabilidad que se ha puesto a conocimiento del juez, el suscrito fiscal ha conformado una comisión de fiscales para que prosiga con la investigación”, dijo el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.
Agregó que mediante el trámite 033, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, remitió a la Fiscalía de Chuquisaca la denuncia de los legisladores del 2 de enero e instruyó que la Unidad de Análisis ejerza su facultad prevista en la Ley 260 del Ministerio Público.
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“El suscrito fiscal, conforme a procedimiento, dispuso se remitan todos los antecedentes a la Unidad de Análisis, siendo que dicha unidad me acaba de informar que luego de realizar el test de admisibilidad conforme establece el artículo 55 de la Ley 260, se ha admitido esta denuncia”, añadió.
Mandato
El 31 de diciembre se cumplió el mandato de los 52 magistrados y consejeros del TCP, el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental (TA), pero la sentencia 0049/2023 del 12 de diciembre dispuso su prórroga de funciones, ante los fallidos comicios judiciales.
La determinación del TCP generó críticas y rechazo de legisladores del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que advirtieron de “golpe judicial” y “prevaricato”, e incluso amenazaron con juicios de responsabilidades y procesos penales ordinarios.
El jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, dijo que la determinación de la Fiscalía de Sucre es una “buena señal”, por lo que desde la Asamblea Legislativa serán rigurosos vigilantes para que la investigación “no esté contaminada políticamente y no exista ningún tipo de influencia”.
“Vamos a exigir que esta investigación sea objetiva y tenga resultados en el más corto plazo. Los autores del golpe judicial, los autores del golpe de la democracia, los prorrogistas, tienen que ser castigados”, advirtió el legislador.
Andrés Romero, diputado por Creemos, calificó de positiva la determinación de la Fiscalía y aseguró que tienen que “ir presos” aquellos magistrados que están emitiendo “sentencias a la carta, a solicitud del poder político”.
“(Los magistrados) no son profesionales probos, no están a la altura de los cargos que están ejerciendo, simplemente están mirando los beneficios del cargo”, dijo.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Miguel Rejas (MAS), indicó que la decisión de los magistrados de autoprorrogarse más allá de su mandato, “violenta la seguridad jurídica del mundo litigante y la sociedad”.
“Esta autoprorroga se va derrumbando por su propio peso de inconstitucionalidad e ilegalidad, pues quienes firmaron la declaración constitucional 094/2023, hoy, por el deber de su propia conciencia están renunciando a sus cargos”, afirmó en sus redes sociales.
Ante las críticas y las advertencias de procesos, se conoció el miércoles de la renuncia de al menos dos magitrados del TCP.
