Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) plantearon dos excepciones para frenar el proceso penal ordinario que legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) activaron por el delito de usurpación de funciones, por la prórroga de su mandato.
“Los magistrados consideran que su juzgamiento es competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional al tratarse de autoridades de los altos tribunales de justicia del país”, señala el documento publicado por la red DTV.
Paul Franco, Karem Gallardo, Brígida Vargas y René Espada son los magistrados que presentaron el recurso de excepciones de incompetencia y falta de acción, ante el Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en Sucre.
“Esta solicitud se resolverá en una audiencia mañana jueves 11 de enero a las 08.30”.
El jueves 4, la Fiscalía de Chuquisaca admitió la denuncia de CC contra los magistrados y los consejeros del Órgano Judicial y el TCP.
“Se ha admitido esta denuncia contra autor y autores por la presunta comisión de usurpación de funciones. A partir de esta admisión y de la interoperabilidad que se ha puesto a conocimiento del juez, el suscrito fiscal ha conformado una comisión de fiscales para que prosiga con la investigación”, dijo el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.
El martes 2, una comisión de CC, a la cabeza del jefe de bancada en la Cámara Baja, Enrique Urquidi, llegó hasta la Fiscalía General del Estado y, a través de una carta, pidió que se active la denuncia contra los magistrados prorrogados.
Lea más: El TCP rechaza recurso de Matkovic y ratifica la suplencia de Camacho
Este miércoles, los asambleístas de la alianza Creemos formalizaron también una denuncia contra las altas autoridades judiciales, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
“Es una denuncia por las declaraciones constitucionales emitidas por estos magistrados del TCP que decidieron prorrogarse en su mandato”, dijo la diputada Khaline Moreno.
El 31 de diciembre se cumplió el mandato de los 52 magistrados y consejeros del TCP, el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental (TA), pero la sentencia 0049/2023 del 12 de diciembre dispuso su prórroga de funciones, ante los fallidos comicios judiciales.
El dictamen del TCP generó críticas y rechazo de legisladores del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras CC y Creemos, que advirtieron de “golpe judicial” y “prevaricato”, e incluso amenazaron con juicios de responsabilidades y procesos penales ordinarios.
El lunes, militantes del ala evista del MAS protestaron en la sede del TCP contra la prórroga de mandato, además de exigir la revisión deL fallo sobre la reelección indefinida. Anunciaron que las medidas se radicalizarán desde el lunes y dieron 72 horas para que los magistrados renuncien.
