Hace 43 años, Artemio Camargo, José Reyes, Ricardo Navarro, Ramiro Velasco, Arcil Menacho, Jorge Baldivieso, José Luis Suárez y Gonzalo Barrón, integrantes de la Dirección Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), eran acribillados.
Son conocidos como los “mártires de la calle Harrington”, donde se encontraba la casa de la zona paceña de Sopocachi en que se reunían para analizar las medidas económicas que habían sido avaladas por la cruenta dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, cuando se tenía que andar con el “testamento bajo el brazo”.
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HARRINGTON
Ese 15 de enero de 1981, “fueron asaltados por 13 paramilitares que llegaron en dos jeeps y varias furgonetas e ingresaron al domicilio, mientras otro grupo de paramilitares armados había rodeado el manzano y un tercer grupo había ingresado a las casas vecinas bloqueando el barrio. En esta intervención, los ocho representantes de la Dirección Nacional del MIR fueron asesinados”, señala un documento elaborado por la Defensoría del Pueblo.
Una investigación de José Coco Pinelo, militante del MIR, quien debía participar de esa reunión, concluyó que “el campesino A.A, hijo de de un miembro del Bloque Campesino del MIR y encargado de cuidar la oficina del partido de la Mariscal Santa Cruz, era el agente infiltrado que dio a conocer que ese 15 de enero habría una reunión de la dirección nacional del MIR, sin embargo, las FFAA aún no sabían del lugar”, publicó La Razón hace ocho años.
Así, los militares armaron tres operativos de seguimiento para dar con el paradero de la cita. “Veinte minutos antes de que lleguen a la reunión los compañeros, las FFAA ya estaban rodeando la Harrington. Gloria Ardaya (sobreviviente) se salva porque llegó antes que los militares”, contó entonces Pinelo.
SENTENCIA
El juicio de responsabilidades a García Meza y sus colaboradores duró siete años. El 21 de abril de 1993, la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo. García Meza y Arce Gómez recibieron 30 años de cárcel sin derecho a indulto, junto a otros 13 paramilitares.
La sentencia se constituyó “en el primer caso en América Latina que llegó a condenar el delito de genocidio por la masacre a los ocho dirigentes nacionales del MIR, perpetrada en un operativo que estuvo planificado y enfocado a un determinado grupo, con el objetivo de exterminarlos por razones políticas”, remarca la Defensoría.
(15/01/2024)
