El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, señaló este viernes que como autoridades del Órgano Judicial no pidieron quedarse “prorrogados” ni “ninguna continuidad” y que en el momento que estén las nuevas autoridades se entregará “en el día” el cargo con “cero mora procesal”.
“Nosotros no pedimos quedarnos prorrogados, no pedimos ninguna continuidad. En el tema personal yo quisiera entregar, pero a las autoridades que constitucional y normativamente sean elegidas. De lo contrario también el abandonar funciones nos genera responsabilidades”, señaló.
El 12 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó la prórroga de su mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del TCP y pidió a la Asamblea Legislativa de manera inmediata convocar la preselección de postulantes para las elecciones judiciales.
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Esta medida es cuestionada por los asambleístas de oposición, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) y por el ala evista, por eso iniciaron procesos legales por la prórroga de mandato y anunciaron un juicio de responsabilidades.
Ante el fracaso de las elecciones de la gestión pasada, Egüez señaló que la “única y exclusiva” responsabilidad de esta situación la tiene la Asamblea Legislativa. “Son ellos quienes debieron en su oportunidad promover, dialogar, debatir, aprobar y sancionar una ley y su respectivo reglamento para que se hayan llevado las elecciones judiciales”.
“Es en ese marco, a través del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, hemos pedido de manera muy sensible que la Asamblea Legislativa pueda tratar y aprobar una ley y llevar adelante unas elecciones para que el pueblo no resulte perjudicado en estos principios constitucionales, en estos derechos fundamentales que nosotros como órgano tenemos la obligación de poder garantizar”, manifestó.
Agregó que ni en una declaratoria de estado de excepción, de acuerdo a algunas declaraciones consultivas emitidas por las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede dejar de garantizar como derechos fundamentales el acceso a la justicia y la tutela efectiva, como lo recoge el artículo 25 de la Convención Americana sobre los derechos humanos.
“En ese sentido no se puede suspender el acceso a la justicia y la tutela por una situación vinculada a un periodo de mandato”.
