El procurador general del Estado, César Siles, advirtió de posibles procesos penales en contra de quienes desobedezcan las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El funcionario explicó que el TCP es la única instancia en el país que puede realizar una interpretación sobre la Constitución Política del Estado (CPE) y que “no cabe contra sus decisiones un recurso ulterior”.
“Quiere decir que, en caso de incumplimiento de estos fallos o decisiones, se abra la posibilidad de iniciar una acción penal por el delito de desobediencia a resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
Por lo tanto, dijo Siles, las autoridades, servidores públicos y los particulares tiene la obligación de cumplir las decisiones, resoluciones, sentencias y declaraciones que dicta el TCP.
Siles se refirió al tema en medio de la discusión por el incumplimiento a dos sentencias dictadas desde ese tribunal, ambas emitidas en diciembre de 2023.
El funcionario justificó sus declaraciones y evocó los artículos 203 de la CPE y 18 del Código Procesal Constitucional.
La primera tiene que ver con la eliminación de la reelección presidencial indefinida, cuya sentencia también establece que no es un derecho humano.
Esa decisión derivó en una serie de reclamos, principalmente, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), pues ven afectada la postulación de su líder, Evo Morales, a las elecciones presidenciales en 2025.
Sectores afines a Morales promovieron movilizaciones en Sucre, en exigencia de la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial. Protestaron en puertas del edificio del TCP. Incluso, el lunes de esta semana, los seguidores de Morales se enfrentaron con miembros de la Policía Boliviana.
Sentencia del TCP
Pero no es todo, esos sectores amenazaron con un bloqueo nacional de caminos desde la siguiente semana si los magistrados, que prorrogaron su mandato hasta conocer los resultados de una nueva elección judicial, no dejan su cargo.
La segunda sentencia a la que se refirió Siles, conocida el 29 de diciembre, se refiere a la suplencia en la Gobernación de Santa Cruz. El fallo establece que el vicegobernador Mario Aguilera debe asumir la dirección de esa entidad autónoma, ante la ausencia temporal del gobernador Luis Fernando Camacho.
Otrora líder del Comité pro Santa Cruz, Camacho está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I.
En este caso, la pugna es entre el presidente de la Asamblea Legislativa departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, respaldado por el bloque camachista de Creemos, y Aguilera.
Los miembros de Creemos se niegan a “entregar” la Gobernación y califican a Aguilera de “traidor” a Luis Fernando Camacho.
Entretanto, Aguilera defendió la suplencia prevista en el artículo 25 del Estatuto Autónomo de Santa Cruz, que establece que el vicegobernador debe asumir la dirección en ante el impedimento del titular.
Sobre ambas determinaciones, Siles dijo que la discusión sobre ambas sentencias es “eminentemente técnica y jurídica, no política”.
