Tras conocer la sentencia constitucional 034/2024 en el que ordena que la Asamblea Legislativa acate la declaración constitucional 0049/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, señaló que los magistrados sobrepasaron todo “límite de legalidad, ética y racionalidad” y que pretenden anular la facultad de la Asamblea Legislativa.
“Los vocales y magistrados del TSJ y del TCP han sobrepasado todo límite de legalidad, ética y racionalidad. Empeñados en mantener sus cargos de facto y violando la Constitución y las Leyes, pretenden anular la facultad legislativa de la Asamblea (ALP). No podemos permitir esta aberración inédita en la historia, que pone en serio riesgo al sistema democrático”, escribió Mesa desde su cuenta X.
La tarde este miércoles el TCP emitió el auto constitucional 034/2024 en el que instruye a la Asamblea Legislativa considere la adecuación del proyecto 144, antes del tratamiento de otra ley para las judiciales, pero además acate la sentencia constitucional 049/2023.
“Ha lugar la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Jaimes, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de Ley 144/2022-2023 “proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” del 31 de agosto de 2023, en sus diferentes etapas, incluido las fases previas, necesariamente debe acatar la DCP 0049/209 de 11 de diciembre, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena de este Tribunal resuelva la queja por incumplimiento formulada por el nombrado el 24 de enero de 2024”, es una de las soluciones de este sentencia.
El diputado disidente de CC, Marcelo Pedrazas calificó esta sentencia constitucional como un “golpe a la institucionalidad de la Asamblea”, esto debido a que desde el TCP se definió que no se puede tratar el proceso de preselección, sino se cumple la declaración “insconstitucional” respecto a la prórroga de magistrados.
“Con esto lo que está haciendo el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo es judicializar la política para gobernar a los bolivianos. Esta decisión ilegal, inconstitucional al margen del derecho no puede ser cumplida por la Asamblea. Insto a mis colegas parlamentarios que tomemos una posición política institucional al Órgano Legislativo”, indicó Pedrazas.
