La expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de prisión por su proclamación en 2019, consideró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) gobierna el país.
Encarcelada en el penal de Miraflores desde marzo de 2021, la exmandataria se manifestó ante el Auto Constitucional 034/2024 -CA/S del TCP, que marcó línea a la Asamblea Legislativa para la aprobación de la ley de elecciones judiciales.
En medio del diálogo legislativo, el TCP recordó que el punto inicial de las discusiones debería ser la adecuación del Proyecto de Ley 144, al que se refirió en su Declaración Constitucional 048/2023, el 11 de diciembre de 2023. Además, exigió el cumplimiento de su decisión sobre la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.
La última decisión constitucional, a instancias del Tribunal Supremo de Justicia (TS), causó reacciones contrarias en distintas esferas políticas del país. Una de ellas fue la de Áñez.
“Bolivia está gobernada por @TCPBolivia cuyos fallos son dictados en el Ministerio de Justicia”, denunció en sus redes sociales la exmandataria.
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Áñez consideró que el TCP es “un tribunal caducado y funcional al régimen del MAS, que ha prescindido de la Asamblea Legislativa siguiendo el camino de la tiranía consumada en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.
La exmandataria, que sucedió a Evo Morales luego de la ruptura constitucional de 2019, tuvo una relación especial con el TCP, de cuyo comunicado del 12 de noviembre de ese año se valió para justificar su mandato.
Entonces, el exsenador Luis Vásquez cabildeó ante el TCP para arropar a Áñez. La propuesta fue escudriñada en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica, en La Paz, los días 10.11 y 12 de noviembre.
Al final, el 12 de noviembre, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.
“(…) Frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de resolución congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República”, parafraseó el TCP en 2019.
Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la otrora senadora de Unidad Demócrata (UD).
La exmandataria se proclamó presidenta el 12 de noviembre en una Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la mayoría legislativa del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese caso judicial se llamó Golpe de Estado II, por el que fue sentenciada por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
