La Ley de Elecciones Judiciales, promulgada la tarde de este martes por el presidente Luis Arce, prevé la realización de los comicios la semana entre el 22 y 29 de septiembre de este año. El plazo de 230 días dictado por la norma se cumple el 24 de ese mes.
Aprobada en medio de presiones políticas, sociales e incluso un bloqueo nacional de caminos de 16 días, diputados y senadores dieron luz verde al documento redactado por la comisión bicameral tripartidaria de la Asamblea Legislativa.
En su contenido, y subsanados los ocho artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TCP), la ley establece la evaluación meritocrática de los postulantes, que dispone una calificación específica a la experiencia profesional, la formación académica, la producción intelectual e incluso valida y califica el ejercicio de autoridades indígenas; todo eso sobre 100 puntos.
También existe una serie de nuevas medidas, entre ellas, los novedosos mecanismos de comunicación y verificación electrónica descritos en el artículo 6 de la ley.
“En la fase de preselección se podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación”, señala el parágrafo I de dicho artículo.
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Elecciones judiciales
Además, el segundo parágrafo dicta: “las y los postulantes al momento de su postulación autorizan a la Comisión Mixta respectiva el acceso a las bases de datos públicos para la verificación de la información proporcionada”.
Finalmente, manda que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia, encargadas del proceso de preselección, deberán hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efectos de notificaciones.
Otro de los temas que se debatió en las cámaras de Diputados y Senadores fue la veeduría del proceso, que constará con actores nacionales e internacionales.
En el ámbito nacional, están incluidas las universidades públicas y privadas, los colegios de auditores, las asociaciones de periodistas y medios de comunicación, asociaciones de profesionales y sectores indígenas, gremiales “o de cualquier otra naturaleza”, que deberán acreditar sus representantes ante las comisiones que llevan el proceso.
Por otra parte, las organizaciones internacionales consideradas para la veeduría son la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El Estado Plurinacional de Bolivia podrá considerar las recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de Elecciones de Máximas Autoridades Judiciales (sic)”, dice el parágrafo II del artículo 8 de la ley.
La norma marca un plazo de 80 días calendario para cumplir con todas la fase de la preselección de candidatos, desde la recepción de documentos de los postulantes hasta la aprobación de la lista de los habilitados para los comicios. Cumplido ese proceso, será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de organizar las elecciones en 150 días.
La que viene será la tercera elección judicial en el país luego de las de 2011 y 2017.
(07/02/2024)
