El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, reivindicó las elecciones judiciales para el cambio de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las otras instancias del Órgano Judicial, e indicó que se irá con “la conciencia tranquila”.
“Yo estoy con la conciencia muy tranquila y lo único que estoy aguardando es a ver a qué autoridad le voy a hacer entrega de la oficina. Y, de verdad, que vamos a dejar un Consejo de la Magistratura por lo menos en mejores condiciones de las cuales hemos encontrado”, indicó, en el programa “La mañana en directo” de Erbol.
Añadió que la prórroga de mandato “no deja de ser una situación bastante incómoda”, la cual se hubiera solucionado “sobre todo” respetando las reglas de la Constitución Política.
El Tribunal Constitucional dictaminó la extensión de las funciones de los magistrados y los consejeros que cumplieron su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2013, hasta que se lleven a cabo los comicios judiciales.
“La única forma de reemplazar a las altas autoridades constitucionales es mediante elecciones judiciales, dice la Constitución, y nosotros, por lo menos en mi institución, hemos recibido con beneplácito la promulgación de la Ley 144 y la convocatoria a judiciales, que considero es la forma más democrática y más correcta del relevamiento de autoridades”.
Indicó que la única norma vinculante que tienen como autoridades judiciales es la Declaración Constitucional 049/2023, que determinó la prórroga de mandato, la cual está enmarcada en el procedimiento de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional y la Constitución.
“Es la única norma vinculante que en este momento se ha generado para darle respuesta a este tipo de vacío de poder que ha quedado ante la falta de convocatoria y de ley que vaya a reemplazar a las autoridades judiciales, lo cual obviamente no es de nuestra competencia”.
Agregó que pretender “cerrar de forma parcelada” las máximas entidades judiciales implicaría paralizar parte del funcionamiento del Estado, una “ruptura institucional” que no le hará bien al Estado de derecho.
Así, se pronunció sobre la intención en la Asamblea por parte del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos de aprobar los proyectos de ley 073 y 075 para suspender los plazos procesales y cesar a los magistrados.
Lea más: En busca de magistrados y consejeros, surgen nombres y Rodríguez dice no, ‘gracias’
“En lo particular, en el caso de mi institución a la cual regento, es un poco más complejo porque todas las competencias señaladas en la Ley 025 están relacionadas al funcionamiento de la Sala Plena y eso pasa con todas las entidades judiciales. Qué quiere decir eso, si hay una proyección de suspender el funcionamiento de nuestras entidades y hacerlas quedar simplemente como receptoras de documentación, no solo es una ley que se debe proyectar, sino se deben modificar muchas otras leyes y ahí hay que ser bastante claros, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha determinado que la denegación de justicia para una sola persona o para cuantas quieran desde ya pone en una situación incómoda al país”, advirtió.
El 2 de febrero, las tres fuerzas en el Legislativo (MAS, CC y Creemos) alcanzaron un acuerdo para garantizar la ley de las judiciales, empero, también se acordó el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, además de otros referidos a créditos externos.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales se emitieron posiciones que defienden la prórroga de mandato y se alertó sobre las posibles consecuencias en la Justicia en caso de suspenderse el trabajo de las máximas entidades del Órgano Judicial.
