Mercedes Cortez, representante de la Red contra la Violencia a las Mujeres de Cochabamba, advirtió este martes de posibles consecuencias judiciales en caso de suspenderse los plazos procesales en la Justicia para aquellos procesos como feminicidios, asesinatos, violación niño, niña y adolescente e infanticidios.
“Manifestamos nuestra preocupación (y) alertamos ante esta situación que está viviendo el país respecto al cambio de magistrados. Queremos pedir a las autoridades que tomen conciencia de lo que va a acarrear contra las víctimas, sobre todo para aquellas que están litigando en procesos sumamente delicados como son los feminicidios, asesinatos, la violación a niño, niña y adolescente e infanticidios. Consideramos que esta pausa judicial va a ocasionar una avalancha de peticiones de la cesación a la detención preventiva, va a ocasionar incluso la petición de extinción de procesos por la duración máxima”, advirtió.
La activista instó a las autoridades a que dejen sus intereses partidarios y tomen decisiones pensando en quienes están afectado. Cortez reiteró que no solo se afectará a los sectores vulnerables, sino la sociedad en pleno sentirá las consecuencias en todo proceso judicial.
“Es por ello que invocamos a la sociedad a sumarse a este clamor de justicia, a este clamor de tutela judicial por parte del Estado y que analicen bien cuáles van a ser las circunstancias. (Instamos) a la toma de decisiones que no afecte por nada en última instancia a la sociedad”.
El lunes, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que si se sigue insistiendo y se cumple el deseo de los expresidentes y jefes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), Evo Morales y Carlos Mesas, respectivamente, de cerrar los tribunales del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo que se logrará es que feminicidas, violadores y gente que ya tiene condena quede libre.
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“Si nosotros seguimos insistiendo en cerrar los tribunales de Sucre, lo que vamos a lograr es que feminicidas, violadores y gente que ya tiene condena quede libre, porque esa suspensión de plazos (procesales) va a ser que, en la Justicia, en su etapa final, no (se) pueda dictar decisiones. Esa es la gravedad de la propuesta que nos están haciendo desde la Asamblea Legislativa”.
Tras la reinstalación de la sesión en la Cámara de Diputados, los diputados de oposición de Comunidad Ciudadana, Creemos y del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista piden que se trate primero los proyectos de ley 073 sobre la suspensión de plazos procesales y la 075 referido a la cesación de sus funciones a los actuales magistrados, antes de los proyectos referidos al financiamiento externo por al menos $us 850 millones.
El 15 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, defendió advirtió también sobre las posibles consecuencias en la Justicia en caso de suspenderse los plazos procesales por determinación de la Asamblea Legislativa.
“(En caso de la suspensión) realmente el perjuicio es incalculable porque la cantidad de procesos que comprende al menos a dos partes. Entonces, hablamos de ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de los tribunales. Por lo tanto, queremos asegurar que lo primordial es resguardar los derechos y garantías de esas personas que se verían seriamente afectadas por los efectos multiplicadores que tendría aquella posibilidad”, dijo entonces.
