El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este miércoles que los reclusos del penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, no quieren recibir al gobernador electo Luis Fernando Camacho en ese recinto, ante un eventual traslado desde Chonchocoro.
Las autoridades aún sopesan el cumplimiento de la orden del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz emitida el 10 de febrero, que dispuso el traslado de la autoridad departamental electa hasta la capital cruceña.
Camacho debe declarar en el marco de las investigaciones del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.
“Hay un voto resolutivo de los privados de libertad de Palmasola, no quieren recibir a Luis Fernando Camacho. Todos esos informes lo vamos a aportar a los jueces de turno”, dijo Del Castillo a los periodistas en El Alto.
Dijo que aún espera el informe de la unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana, que debe evaluar si es o no seguro o no el traslado de Camacho para su audiencia. En su criterio, un eventual traslado puede generar protestas y movilizaciones similares a las que comenzaron el 28 de diciembre de 2022.
Camacho
Ese día, la Policía realizó un megaoperativo para aprehender a Camacho. Dos días después, el gobernador cruceño fue trasladado a La Paz; tras sus medidas cautelares por el caso Golpe de Estado I, se determinó su traslado a Chonchocoro.
Entonces, sectores afines a Camacho impulsaron una protesta en la capital cruceña, donde incluso tomaron oficinas públicas y hasta quemaron el edificio del Ministerio Público.
“Estamos de acuerdo que llegue a un juicio con el debido proceso y que obtenga una sanción correspondiente, no obstante, estas audiencias se pueden realizar de manera virtual”, añadió.
Además, Del Castillo recordó que no es el único caso por el que Camacho es investigado. “Tiene el caso Golpe I, (el de) carros bomberos; una infinidad de casos de corrupción y, por lo tanto, no podemos estar trasladando a los privados de libertad; más aún, cuando se pone en riesgo la vida y la integridad de todo el pueblo boliviano».
