Este domingo el procurador general del Estado, César Siles Bazán, le respondió a la cámara de senadores sobre la conminatoria emitida por esta instancia legislativa en torno a la prórroga de magistrados de los tribunales de Justicia.
“Hemos recibido muy sorprendidos la resolución de la cámara de Senadores que conminan a la Procuraduría a constituirse en garante y realizar acciones concretas para pronunciarse con relación a la prórroga de magistrados que actualmente están en funciones en los máximos tribunales de nuestro país”, señaló Siles al programa Los hechos cuentan de BTV y Radio Patria Nueva.
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Procurador
“La opinión especializada jurídica de carácter técnico le responde a la Cámara de Senadores como lo hemos hecho formalmente, que primero Senadores no tiene la competencia para hacer conminatorias”, aseveró la autoridad.
Aclaró que Senadores no puede intimidar a una institución de creación constitucional como la procuraduría. Además, señaló que existe una declaración constitucional vigente que señala que los actuales magistrados deben quedarse en sus cargos hasta la realización de las elecciones judiciales.
“En todo caso debieran llamarnos o pedir una rendición de informe escrito, oral o por los mecanismos que ellos tienen de fiscalización. En el fondo del asunto hay una declaración constitucional que está vigente, la 049. Que establece que los actuales magistrados deben quedarse en el cargo hasta que se realicen las elecciones judiciales”, acotó Siles.
Todo esto implica que mientras no cambie la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y mientras no haya otra sentencia que modifique ello, la prórroga de magistrados es válida.
Bolivianización de la defensa del estado
En otro orden, César Siles también se refirió al balance de gestión y la bolivianización de la defensa del Estado.
Especificó que, al inicio de gestión, la Procuraduría se propuso un cambio de timón en bolivianizar la defensa del Estado. “Hoy podemos decir que estamos cumpliendo las prioridades de los intereses del estado”.
Dijo que la Procuraduría tiene el mandato legal, de con sus abogados defender directamente los intereses de la nación y que ese proceso se está llevando a cabo con los propios abogados del Estado. Sin letrados externos e implementando una defensa “abriéndose hacia el pueblo boliviano”.
Siles expresó que la mejor defensa es no llegar a litigio y que ahora la premisa es hablar para llegar a acuerdos.
“Tenemos unos 12 arbitrajes de los cuales al menos en ocho estamos en negociaciones”, añadió.
Solamente en 2023 se había previsto el pago de $us 88 millones en la defensa del Estado. Ahora se prevé que el monto llegue a $us 42 millones, lo que representa un ahorro de $us 46 millones.
Ese monto concierne pagos a los abogados, peritos, pasajes de testigos, entre otros.
(10/03/2024)
