El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles una resolución camaral que resuelve desconocer la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial. Además, se instruye a la Dirección Jurídica de esa instancia camaral formalizar una acción de cumplimiento contra la Presidente de la Asamblea para que se trate los proyectos sobre la antiprórroga.
“El Pleno del Senado aprueba la resolución camaral que resuelve desconocer a todas y todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal, los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y de consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura”, señala un comunicado de la Cámara Alta.
William Torrez, subjefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, informó que en sesión ordinaria se aprobó dos resoluciones camarales, una que encomienda la Dirección General de Asuntos Legales a formalizar una acción de cumplimiento contra la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Esto en razón que al haberse cumplido el plazo de 30 días para la revisión de los proyectos de ley 073 sobre la suspensión de plazos procesales y 075 de la antiprórroga en la Cámara de Diputados y al no ser resueltas, éstas deben remitirse al pleno de la Asamblea.
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Magistrados
Añadió que la otra resolución camaral resuelve desconocer a los ciudadanos que ejercen de manera ilegal los altos cargos del TCP y Órgano judicial
“Se les está pidiendo que ellos (los exmagistrados) den cumplimiento con lo que establece el artículo 183 de la Constitución Política del Estado; por otro lado, también la misma Resolución Camaral lo que ha hecho es exhortarle al ministro de Justicia, Iván Lima, que no se convierta o constituya en el abogado de defensor, asesor y vocero de los (ex) magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional”, aseveró el parlamentario.
En diciembre de 2023, el TCP dispuso la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y TCP, en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, “hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
Esta decisión se debió al retraso de las elecciones judiciales, que en principio estaban programadas en 2023, pero el TCP declaró inconstitucionales varias leyes aprobadas en el Legislativo.
