El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez consideró que la sentencia de magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que otorga 33.000 hectáreas (ha) de tierras a favor de la familia de Branko Marinkovic, es «funesta e inconstitucional».
El TCP falló en favor de la familia Marinkovic y le concedió la tutela de 33.000 ha de tierra en dos predios en Santa Cruz. Por su parte, el Gobierno anunció acciones legales en contra de los magistrados.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el legislador afirmó que el origen de la titulación de tierras data del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien aprobó el Decreto Supremo (DS) 4320, que “reconoce, protege y garantiza la propiedad individual”.
“Áñez dictó unDS a medida de Marinkovic. En menos de 40 días, titularon dos propiedades a nombre de Marinkovic, una en la Chiquitanía y la otra en la provincia guarayos”.
Afirmó que Áñez emitió una resolución favorable a Marinkovic que, posteriormente, fue anulada por el presidente Luis Arce. Sin embargo, los Marinkovic presentaron un amparo que derivó en una sentencia que favoreció a la familia.
“Lo que hizo Arce fue abrogar este decreto 4320 y dictó el 4494, disponiendo la apertura de procesos judiciales para la anulación de estas titulaciones inconstitucionales”, aseguró.
Lamentó que el caso a favor de Marinkovic fue resuelto en la Sala Constitucional Cuarta, a través de los magistrados Gonzalo Hurtado e Yvan Estrada Navia, quienes también emitieron la Sentencia Constitucional 1010/2023, que “inhabilita” a Evo Morales como candidato.
Recordó que, según la Constitución Política del Estado (CPE), ningún ciudadano puede tener más de 5.000 hectáreas de tierras. En su criterio, las sentencias del Tribunal Constitucional son «nulas de pleno derecho», debido a que los magistrados son «autoprorrogados».
Actualmente, el Gobierno evalúa un proceso penal contra los magistrados del TCP por haber emitido la sentencia en favor de Marinkovic, exministro de Economía en la gestión de Áñez.
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