El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, descartó nuevamente la posibilidad de trasladar a Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para la audiencia de inicio de juicio oral en el caso Decretazo.
En conferencia de prensa, el funcionario gubernamental sugirió que los jueces se trasladen a Chonchocoro, La Paz, donde se encuentra detenido Camacho. El gobernador electo de Santa Cruz criticó esta decisión y afirmó que «ya no existe un Estado de derecho».
Aguilera informó que no se puede llevar a Camacho a Santa Cruz debido a que, en su criterio, su llegada generará convulsión. Pidió que sean los jueces del caso quienes se trasladen a La Paz o, en todo caso, realizar una audiencia virtual.
“Encontramos una serie de alternativas, como el traslado de los señores jueces, para que podamos cumplir con el principio de mediación. Pero, es más, la tecnología y la propia pandemia nos han permitido efectuar audiencias de carácter virtual”, recomendó.
Camacho
Camacho cumple detención preventiva desde el 30 de diciembre de 2022 en Chonchocoro, por el caso Golpe de Estado I. Este proceso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. Ese año, hubo protestas civiles lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares que “sugirieron” públicamente la renuncia de Morales.
En el caso Decretazo, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El 9 de marzo de 2022 promulgó el Decreto 373 antes de su viaje a Brasil.
Entonces, encargó sus funciones a uno de sus secretarios. Pero, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera.
Al ratificarse la postura del Gobierno, Camacho fustigó su decisión.
“NO solo está atentando contra mi seguridad jurídica como persona y como autoridad electa democráticamente, sino que también está enviando un mensaje a todos los bolivianos: ¡YA NO ESTAMOS EN UN ESTADO DE DERECHO! (sic)”, criticó en X la mañana del miércoles.
Martín Camacho, abogado del gobernador electo, informó la semana pasada que las causas para impedir el traslado fueron políticas antes que jurídicas. La primera orden judicial, del 31 de enero, determinaba el traslado de Camacho para el juicio oral, que inicialmente estaba programado para el 11 de marzo.
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«Convulsión»
En dicha ocasión, el director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, comunicó que el traslado no se llevará a cabo debido a no existían las condiciones ni garantías para realizarlo.
“Los riesgos de convulsión social no tienen nada que ver con mi traslado. Si el pueblo se levanta, será por la crisis política y económica causada por su falta de capacidad para gestionar el país”, criticó Camacho.
El pasado sábado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también descartó la posibilidad de un traslado de Camacho. Argumentó que, debido a que Camacho también debe responder a una próxima audiencia por el caso Golpe de Estado I, no se lo puede trasladar de departamento a departamento cada semana.
En este caso, Camacho es el principal acusado. El tribunal ya fue sorteado, se espera que en próximas semanas se inicie con los juicios orales de los implicados, aunque cinco están prófugos. A causa de su calidad de actor y a que el delito del que se le acusa es terrorismo, Camacho podría enfrentar una pena de 20 años.
