La audiencia en Santa Cruz para la resolución de un amparo constitucional que frenó el proceso de calificación de méritos para de postulantes de las elecciones judiciales fue suspendida hasta el viernes de esta semana.
Un reporte de Bolivisión informó de la suspensión del acto judicial por la tutela que concedió la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.
En la mañana, el presidente de la Comisión de Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas, negó que en el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales de haya vulnerado los derechos de algunos de ellos.
Amparo
“No ha habido ninguna vulneración (de derechos) a ningún postulante”, defendió ante los medios el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Dicha sala constitucional dictó una medida cautelar que mandó a paralizar la preselección, que desde el martes de la semana pasada debió entrar a la fase de exámenes.
Son 405 profesionales habilitados para esa etapa.
Rejas atribuyó eso a una “mano negra que busca “boicoterar” las elecciones judiciales.
Miguel Rejas
Defendió, además, la independencia de los órganos del Estado y dijo que esa medida cautelar no puede frenar el trabajo de la Asamblea Legislativa.
“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana (martes), arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, anunció que el martes comenzarán los exámenes y entrevistas a los postulantes.
La batería de preguntas de esa fase fue elaborada por las facultades de Derecho de las universidades, colegios de abogados y otras instituciones y está en custodia a una Notaría de Fe Pública; determinó guardarlas en una oficina del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, bajo precinto.
