La autopsia realizada al cuerpo del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) develó que el motivo de su deceso fue un “infarto agudo”, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue el encargado del análisis. Además, se espera el resultado del informe de la prueba toxicológica, que, según anunció, se conocerá en las próximas horas.
“El resultado de protocolo de autopsia da cuenta de que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardiaco. Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología”, dijo Lanchipa, citado en una nota de la Fiscalía.
Las muestras fueron derivadas a los laboratorios del IDIF en La Paz.
Montenegro
Además del informe de toxicología, Lanchipa solicitó que se practique un estudio grafológico para determinar si la carta póstuma que lleva una firma corresponde o no al exfuncionario fallecido.
Investigado por el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión.
La Policía ejecutó hasta el martes cuatro de esas órdenes; todas en contra de exfuncionarios de la estatal de litio.
Uno de los aprehendidos es fue exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú. En su audiencia cautelar, un juez resolvió otorgarle el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.
‘Irregularidades’
El caso, que se abrió a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, investiga “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Eso, según la gerente de YLB, Karla Calderón, generó un daño al Estado de más de Bs 452 millones.
Los 12 implicados están investigados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de Estado, César Siles.
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