La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó que el Gobierno tenga vinculación con los amparos constitucionales que frenaron la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
“Es una costumbre de tratar de responsabilizar de todo al Gobierno. No tenemos vinculación con los procesos y amparos que se están realizando”, dijo la funcionaria a los periodistas en La Paz.
La fase de evaluación de méritos a los postulantes fue paralizada por una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano; postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso. La audiencia para la resolución de ese caso está programada para este viernes.
Aparte de eso, existen otros cuatro amparos por parte de postulantes que fueron rechazados en ese proceso.
Elecciones judiciales
Varios legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del bloque de oposición atribuyeron el freno a la preselección a un supuesto interés del Gobierno para mantener vigentes a los magistrados y consejeros electos en 2017.
Incluso en entrevista con La Razón Radio, la senadora Silvia Salame consideró que existe una “mano negra” que quiere evitar las elecciones judiciales.
Alcón apostó por el debate y el consenso en la Asamblea Legislativa para cumplir con las elecciones judiciales. “Necesitamos dar ese paso de manera responsable”, sostuvo.
Dijo que los recursos para los comicios “están garantizados” por parte del Órgano Ejecutivo y que solo resta culminar con la preselección de postulantes.
El freno a la evaluación de méritos ocurrió un día antes de comenzar los exámenes de los postulantes; las preguntas están en custodia de una Notaría de Fe Pública, que precintó una oficina del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa con las preguntas dentro de ella.
