La audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 fue fijada para el lunes a las 09.00 en Cochabamba. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.
Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.
Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.
Elecciones judiciales
Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui advirtió que ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso en su conjunto. Explicó que, en este caso, la denuncia no es por una vulneración a un derecho del postulante, sino por atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la Ley de Elecciones Judiciales.
“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…); esa acción popular sí es para preocuparse”, sostuvo.
Proceso
El reclamo de la abogada está basado en el artículo 4 de la Ley 1549, que “garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres (…). En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.
Sobre eso, Jáuregui señaló que la determinación de esa acción popular puede “determinar la continuidad o la paralización” definitiva del proceso.
Hasta el jueves, se presentaron ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos, según informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas.
