A través de un pronunciamiento, el Órgano Electoral Plurinacional señaló este viernes que la demora del proceso de preselección de los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los plazos establecidos por la Ley 1549 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” representa “un riesgo para la democracia y la seguridad jurídica» que afecta la elección y posesión de autoridades judiciales este año, además de coincidir con la realización delos procesos electorales que se avecinan.
“El Órgano Electoral Plurinacional está preparado para convocar y administrar las elecciones judiciales del año en curso, aprobar el calendario electoral y los reglamentos, inmediatamente reciba la nómina de candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa”, indicó el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, quien dio lectura al pronunciamiento.
El martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando dio curso a una acción popular presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
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La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional, dijo entonces que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.
Vargas también ratificó el firme compromiso del Órgano Electoral para defender la “transparencia e imparcialidad de la institución electoral en aras de garantizar los mecanismos democráticos individuales y colectivos de participación política de los ciudadanos”.
Además, pidió a las autoridades competentes la resolución pronta de todos aquellos casos sujetos a su conocimiento, para dar continuidad a este ejercicio democrático de elección de las autoridades judiciales, así como a la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr los consensos que garanticen transparencia e idoneidad en la preselección de candidatos en los plazos establecidos por ley.
“Se exige al Tribunal Constitucional Plurinacional y a todos los órganos del poder público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el respeto a la independencia de poderes prevista en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para garantizar la democracia en nuestro país”, mencionó.
