En un periodo de 16 días, desde el 16 de abril hasta el 2 de mayo, tres tribunales judiciales pusieron en jaque a los órganos Legislativo y Electoral a través de decisiones que frenan sus acciones particulares.
Judiciales
Primero, el 16 de abril, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz paralizó el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales. La postulante inhabilitada Margarita Medrano interpuso un amparo con el argumento de que sus derechos habían sido vulnerados. Denunció que el proceso fue arbitrario y que se la inhabilitó “por ser mujer”.
Puede leer: Una acción de amparo frena el proceso de preselección de las judiciales
La decisión judicial frenó la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes. Cuando las comisiones ya tenían preparadas las preguntas y el examen debía iniciar ese mismo día.
Sin embargo, en la audiencia del 26 de abril se resolvió el amparo y se concedió la tutela a la abogada para que se le explique los fundamentos detrás de su inhabilitación.
Las comisiones preveían retomar las evaluaciones el lunes 29. Pero durante ese proceso se conocieron más de ocho amparos constitucionales que impidieron su reanudación.
Acción popular
Sin embargo, el golpe definitivo a las elecciones judiciales llegó el martes 30 de abril. La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando dejó sin efecto todo el proceso. En respuesta a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury.
El argumento fue que en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no se contempla una igualdad de condiciones para las mujeres indígena originario campesinas de Pando en relación con las de otros departamentos.
Entonces, la acción popular dejó inaplicable a la ley promulgada, por lo que todo el proceso que comenzó el 16 de febrero quedó desahuciado.
De esta manera, dos salas constitucionales del Órgano Judicial interfirieron en la labor del Órgano Legislativo.
Tribunal Supremo Electoral
El jueves la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El TSE había rechazado en reiteradas ocasiones la convocatoria al congreso arcista. Inclusive, un día antes del auto constitucional de esa sala, ratificó su rechazo al pedido de supervisión.
De acuerdo con el TSE, el congreso convocado por el Pacto de Unidad es contrario al estatuto orgánico del partido, debido a que carece de las firmas de la direcciona nacional vigente, presidida por Evo Morales.
De la misma manera, el TSE rechazó la convocatoria al congreso del MAS evista, que no consignó la coordinación con las organizaciones sociales fundadoras: campesinos, mujeres Bartolina Sisa e interculturales.
Ante la conminatoria del tribunal de La Paz, el TSE anunció la conformación de una comisión técnica que supervisará el congreso arcista en El Alto. Sin embargo, denunció que se trata de una “injerencia” en sus funciones.
El argumento de la sala fue presuntos “errores de la administración electoral no le pueden ser cargados al militante, sea el accionante o tercero interesado”.
En medio de esta situación, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la exvocal Dina Chuquimia denunciaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se está convirtiendo en un “suprapoder”, por encima de todos los órganos del Estado.
En tanto, la realización de las elecciones judiciales para este año es incierta. Mientras la eventual renovación de la directiva del MAS hace prever un conflicto social y político.
