El expresidente de Bolivia y de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé sugirió abrir “un momento constituyente», espacio en el que la población plantee ajustes institucionales o legales sobre el funcionamiento del Estado, ante la evidente crisis institucional en los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial).
El país atraviesa por un “desorden institucional” del Estado. En criterio de analistas, ello proviene de la fractura interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) que vive una de sus crisis más profundas, que incide en la democracia del país.
En los últimos días, actores políticos y la población en general manifestaron su preocupación por la desinstitucionalización del país, luego de que una sala constitucional de Pando frenara las elecciones judiciales y trabara el trabajo de la Asamblea Legislativa.
Otro caso similar ocurrió días después, cuando una sala constitucional de La Paz ordenara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del MAS arcista luego de que ese órgano haya rechazado el acompañamiento en reiteradas ocasiones. Por ello, la Sala Plena del TSE denunció una intromisión del Órgano Judicial.
De este modo, analistas advirtieron el riesgo que implica el utilizar la Justicia en decisiones políticas que interfieran con las decisiones de otros órganos.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Rodríguez recomendó a las disidencias del oficialismo y la oposición que deben dejar sus fricciones internas de lado y pensar con mayor interés en el Estado, “esa voluntad constituyente que les dio un mandato».
Planteó un acuerdo político para una eventual reforma constitucional por la vía que corresponda. «Sin ello, el país estará enredado en trampas con cinco autoprorrogados y decisiones de salas de debatible legalidad”.
El expresidente consideró que el TSE «cedió» espacio a la jurisdicción judicial que invadió sus competencias. Aseguró que ahora la población necesita un árbitro que sepa hacer valer sus propias decisiones y no sentirse intimidado por fallos de autoridades judiciales prorrogadas.
En su criterio, la Asamblea Legislativa debe hacer lo mismo y tener una posición firme respecto de sus funciones y competencias. “Será necesario tomar decisiones hasta de confrontación institucional”.
Advirtió que, frente a la desinstitucionalización de los poderes, la democracia del país está en riesgo porque —según dijo— no hay certidumbre, ni certezas. Y, eso responde al «control judicial» por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Cuestionó el poder que tiene el TCP en el país y recordó que esa instancia interpretó la Constitución Política del Estado para habilitar la candidatura presidencial del expresidente Evo Morales y, años después, avaló la sucesión de Jeanine Áñez.
En 2017, el TCP habilitó a Morales a través de una sentencia constitucional y explicó que se decidió “declarar la aplicación preferente” de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.
El fallo se produjo debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.
Ya en 2019, el TCP “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México. El 12 de noviembre de ese año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.
Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).
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