Frente a la anulación del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa todavía no ha presentado una respuesta institucional. Incluso, existen posiciones contradictorias para asumir una salida al entrampamiento de los comicios.
La semana pasada, la Sala Constitucional Primera del Tribuna de Justicia de Pando determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección. El fallo fue emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.
La acción popular fue presentada por la abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, esa sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.
Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.
En entrevista con La Razón Radio, los diputados Marcelo Pedrazas, de la facción renovadora de Comunidad Ciudadana (CC), y Juan José Jáuregui, de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), propusieron una salida política y una salida judicial, respectivamente.
Pedrazas consideró que la discusión en la Asamblea Legislativa sobre las elecciones judiciales es política y no jurídica. Además, lamentó que algunos de sus colegas no contribuyan a viabilizar su solución.
“Sabemos que es un hecho político. No ha habido capacidad de la Asamblea para que políticamente se puedan generar mecanismos de coordinación y comprensión de la crisis judicial”, afirmó.
Con esos acuerdos y mecanismos políticos —según explicó— recién se debería sacar una ley de convocatoria a postulantes a los cargos de los altos tribunales. “Hubo errores garrafales en la ley”.
En su criterio, era fundamental que la oposición establezca un mecanismo que permita generar una posición política de la Asamblea, donde los magistrados también se sientan comprometidos a continuar la elección.
“Tú sabes que este Órgano Judicial ya tiene una visión política, es un error querer entrar a un debate jurídico”, reclamó.
Consideró que el acuerdo político del 2 de febrero, que viabilizó las elecciones, incurrió en el error de incorporar la discusión de los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de funciones de magistrados y consejeros electos en 2017.
En discordancia, Jauregui afirmó que la discusión sobre las elecciones judiciales suspendidas aborda una interpretación constitucional. Reclamó que “el mayor defecto” de la oposición tradicional y la facción evista del MAS fue no comprender que se debe aplicar las leyes de la Constitución de forma minuciosa.
“Los primeros procesos fallidos obedecen a una conducta sencilla: los legisladores de la nueva oposición que incorporaron temas inconstitucionales”, añadió.
Por ello, el legislador negó la existencia de una premeditación o “mano negra” por parte del Órgano Ejecutivo para frenar los comicios. “Lo que ha sido es que no han comprendido que se debe respetar la Constitución”.
“Ahora estamos siendo testigos de declaración solamente políticas para destrabar la elección, ¿eso realmente ayudará a concluir el proceso de preselección?”, cuestionó.
Ratificó la propuesta de la bancada de la facción arcista del MAS en la Cámara de Diputados, encabezada por Jerges Mercado, quien solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.
El jueves, Mercado anunció que se presentó un memorial al TCP, en Sucre, para “salvar la preselección y las elecciones judiciales”. “Hemos solicitado que nos otorgue la medida cautelar que permita continuar con el proceso”, dijo.
Es decir, se pretende que el TCP dicte una medida cautelar para que el proceso electoral prosiga más allá de los recursos judiciales en su contra.
El proceso de preselección está paralizado y sin salida. El plazo otorgado por la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya se cumplió el 7 de mayo. Ahora, algunos legisladores piden que el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, convoque a una sesión para que el pleno de los asambleístas defina una posición.
Con la vigencia de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se preveía que los comicios se desarrollen al menos hasta la primera quincena de septiembre de este año.
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