Con las judiciales en vilo y el pedido del oficialismo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revise el fallo de la Sala Constitucional en Pando, que detuvo todo el proceso de preselección, el TCP pidió a las demás salas constitucionales que le remitan todas las acciones que paralizaron el proceso de preselección de las judiciales.
El TCP informó a Correo del Sur que pidió a los magistrados que le hagan llegar todos los amparos constitucionales que presentaron los postulantes inhabilitados y que fueron aceptados por algún tribunal departamental.
Amparos
El proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial se detuvo parcialmente el 16 de abril. Esa vez, una Sala Constitucional en Santa Cruz aceptó un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.
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Desde entonces, se registraron al menos ocho amparos que imposibilitaron que el proceso se renueve, cuando se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.
Acción popular
Sin embargo, el golpe definitivo llegó el 30 de abril, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular que denunciaba que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.
La ley quedó inaplicable y el proceso desahuciado. Diversos actores políticos presentaron opciones para retomar lo avanzado. Así, el oficialismo, a la cabeza del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pidió al TCP que revise el fallo de la Sala en Pando.
El TCP priorizó el pedido sobre otras acciones que debía tramitar, pero todavía no dio su veredicto. El oficialismo presiona a esta instancia, pues existe la posibilidad de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias. Si así fuese, no habría elecciones judiciales, ya que el Órgano Electoral no puede realizar dos procesos electorales en simultaneo.
Este martes, los legisladores arcistas Jerges Mercado y Froilán Mamani insistieron al TCP para que dé una respuesta a la brevedad posible. Le piden determinar el devenir de las judiciales. En tanto, la oposición y el ala evista consideran que la solución está en la Asamblea Legislativa.
