La diputada de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Magaly Gómez afirmó que las elecciones judiciales deben seguir adelante, pero que la continuidad del proceso depende de una acción de tutela que fue solicitada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hace 14 días.
El 9 de mayo, la bancada arcista del MAS en la Cámara de Diputados solicitó una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa.
La admisión de una acción popular derivó en que la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, anule lo avanzado en la preselección con miras a los comicios judiciales, que estaba en la fase de exámenes orales en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.
Luego de aquella decisión de suspender el proceso, el 30 de abril, la Asamblea Legislativa no se ha podido reunir ni encontrar consensos entre las tres fuerzas políticas. El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, no ha convocado al pleno desde la suspensión del proceso.
En entrevista con La Razón Radio, Gómez aseguró que su bancada todavía espera la decisión del TCP de otorgar la tutela a la Asamblea. Sin embargo, hasta ahora el TCP no se ha manifestado al respecto; por ello, las judiciales continúan en vilo y, además, corre el riego de sobreponerse con las elecciones primarias que deben desarrollarse este año.
En criterio de Gómez, la decisión que tome el TCP sobre los comicios debe ser respetada por los legisladores. “Hay que darles la formalidad y el respeto a las altas autoridades de las entidades (judiciales)”, dijo en referencia a los magistrados, ahora, prorrogados.
Según la Constitución Política del Estado (CPE), el mandato de magistrados y consejeros tiene una duración de seis años. El mandato concluyó el 2 de enero; sin embargo, por el entrampamiento de las elecciones judiciales, las autoridades se han prorrogado hasta que se elijan nuevos titulares.
El 11 de diciembre de 2023, el TCP dictó la prórroga de su mandato y el de los magistrados y consejeros electos en 2017, bajo la Declaración Constitucional 049/2023, la cual desencadenó una marcada desaprobación en la oposición y en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS).
Al ser cuestionada sobre la prórroga de las autoridades, la legisladora calificó de “complejas” las interpretaciones de los magistrados y consejeros, cuyas decisiones “técnicas” terminan siendo juzgadas “políticamente”.
A su vez, Gómez admitió que las divergencias internas en las tres fuerzas políticas repercuten en la toma de decisiones de la Asamblea, respecto de las elecciones judiciales. Hasta la fecha no se tiene un plazo para que el TCP dé una respuesta. Los comicios debieron desarrollarse el año pasado.
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