El gobierno de Paraguay informó al Estado boliviano que el proceso de extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López fue suspendido. La exautoridad está involucrada en el caso de la presunta compra irregular de gases lacrimógenos.
“La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Paraguay remite la nota VMAAT/DAL/N° 1005/2024 de 30 de abril de 2024 proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que informa que mediante Resolución A.I. N° 9 resolvió SUSPENDER el procesamiento especial con fines de Extradición iniciado a Luis Fernando López Julio, respecto a que el requerido se encuentra tramitando su estatus de refugiado en ese país, correspondiendo suspender la solicitud de Extradición hasta tanto sea resuelta la cuestión de la solicitud de Refugiado», señala una nota de Erbol, que accedió al documento.
Luis Fernando López
La notificación formal, con fecha del 30 de abril. La nota también fue remitida al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, el 10 de mayo; es la oficina que lleva adelante el caso.
Por lo tanto, quedó suspendido el proceso de extradición, porque, actualmente, López tramita su estatus de refugiado en el país vecino.
El ministro de la expresidenta Jeanine Áñez está imputado por su supuesta participación en la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio que realizó el Ministerio de Defensa.
De acuerdo con las investigaciones, en 2020, el entonces titular de Gobierno, Arturo Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Lo hizo a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). No obstante, el negocio estaba “cocinado” con anterioridad, en noviembre de 2019.
Compra de gases
Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones; según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.
López salió de Bolivia en noviembre de 2020 y se refugió en Brasil, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornó al Gobierno. A mediados de 2023 se trasladó hacia Paraguay.
El caso incluye al exministro Murillo, que ya recibió una sentencia en Estados Unidos. Un tribunal de ese país dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42.
