El camino de las elecciones judiciales se ve cada vez más empedrado y tortuoso. Ya con la vía libre desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ahora, la Asamblea Legislativa no viabiliza el proceso de preselección de candidatos a los comicios judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, la senadora por Chuquisaca Silvia Salame explicó que, para seguir con la preselección, los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente, deben convocar a sesión “de inmediato” para emitir un informe y, posteriormente, derivarlo al pleno de la Asamblea.
Luego, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, deberá convocar a sesión del pleno para que se apruebe, por dos tercios de votos, una resolución interpretativa de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.
De ese modo, se podría reanudar el proceso de preselección desde la fase de evaluación oral de los aspirantes.
Indicó que no se necesita de otra norma, aparte de la Ley 1549, para reencaminar las elecciones judiciales, sino que, ante la falta de consenso, se requiere voluntad política por parte de todos los legisladores.
Insistió en que la sesión de la Asamblea Legislativa, con sus cámaras de Diputados y Senadores, debe ser “urgente” para que salga una resolución interpretativa. “No hay otro camino. Ninguno de los dos presidentes de las comisiones puede arrogarse la decisión de las comisiones”.
Aseguró que “en el peor de los casos”, esta jornada se tendría que convocar a sesión para mañana. Y, una vez que se reajusten los plazos de entrega de listas oficiales, se convoque de inmediato a la prueba oral de postulantes.
Advirtió que, si los legisladores no cumplen con ese mandato, la paralización de las elecciones judiciales “va a tener un gran costo político” para ellos y las autoridades del Órgano Ejecutivo, porque no se garantiza la seguridad jurídica para la población boliviana.
“No hay duda, sí o sí se tiene que cumplir la convocatoria; si no, habrá un gran costo para los parlamentarios. Ningún parlamentario que se haya opuesto podrá volver a aspirar al puesto en próximas elecciones”, detalló.
Los legisladores vienen “arrastrando” el proceso de preselección de candidatos desde la gestión pasada. Se presentaron diversos recursos y amparos constitucionales que frenaron el trabajo de la Asamblea. Luego de la aprobación de la Ley de Elecciones Judiciales, el proceso fue acechado por una acción popular.
El 16 de abril, una sala constitucional dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.
Se trata de la primera decisión judicial que puso en vilo la preselección, a la que acecharon 36 amparos constitucionales y una acción popular.
El 30 de abril, la acción popular, presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró por parte de la Sala Constitucional Primera de Cobija una tutela que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección de postulantes.
No obstante, el jueves pasado, el TCP le dio luz verde al proceso, al revocar el fallo de esa sala constitucional.
Pese a ello, aún no se retomó el trabajo en las comisiones y ni siquiera se ha llamado a sesión para asumir alguna decisión.
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