Cada quien por su lado, la Asamblea Legislativa se encuentra atada de manos para reencauzar las elecciones judiciales, cuyo proceso está suspendido desde hace 44 días. A la vista, no hay iniciativa viable y las posiciones políticas se hallan parapetadas.
Cuando se preveía la continuidad del proceso de preselección de postulantes en su fase de evaluación oral y escrita como consecuencia de la Sentencia Constitucional 0191/2024-S2, del 23 de mayo, las tensiones y desacuerdos siguen latentes entre, especialmente, las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Esa sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a instancias de la presidencia de la Asamblea Legislativa, revocó la resolución 004/2024 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando, que dejó en fojas cero el proceso de preselección de postulantes y declaró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales. Sin embargo, no otorgó la tutela del proceso a los legisladores recurrentes.
Con este miércoles, el proceso de preselección de postulantes se encuentra paralizado 44 días.
El 16 de abril, a solicitud de la abogada Margarita Medrano, que resultó inhabilitada como postulante a las elecciones, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz dispuso la suspensión de las tareas de las comisiones de Constitución y Justicia Plural. Y el 30 de abril, a instancias de la abogada Yeny Dury, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando frenó el proceso.
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Asamblea
A una semana de la última sentencia del TCP, no hay forma cómo se reencauce el proceso de evaluación oral y escrita de los postulantes, fase en la que había quedado suspendido.
La mañana de ayer, en la transmisión digital La Razón Radio, la senadora de Chuquisaca Silvia Salame consideró que, si bien la sentencia del TCP es “solo una opinión” de magistrados “autoprorrogados” de la que hay que hacer “abstracción”, las comisiones mixtas deberían continuar con su trabajo desde la fase que fue suspendida. “Al impedido por causa justa, no le corresponde término”.
Similar criterio expresó la semana pasada en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado. Esos días de suspensión del proceso “es tiempo muerto”, afirmó.
Sin embargo, Salame sugirió la aprobación, en la Asamblea Legislativa, de una resolución de interpretación de la Ley 1539 para reencaminar el proceso. Desahució cualquier posibilidad de que las comisiones puedan tomar una decisión por su cuenta.
El sábado, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador evista Roberto Padilla, negó la posibilidad de continuar con la fase de preselección pendiente. Afirmó que, ante los plazos vencidos el 5 de mayo, la Asamblea Legislativa perdió competencia sobre los comicios.
Parálisis
Ante el estado de parálisis legislativo sobre las elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, demandó ayer la reanudación del trabajo de comisiones.
Similar posición fue expresada el lunes por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.
En respuesta, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador evista Miguel Rejas, instó ayer a Choquehuanca a convocar a sesión bicameral.
“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos”, afirmó.
Por su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, propuso el lunes un “diálogo judicial” bicameral y tripartidario. Como Salame, consideró que la última sentencia del TCP “no tiene efecto jurídico”.
