El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) consideró que el orden constitucional con relación a la reelección indefinida todavía está abierto y que el “pueblo soberano” debe tomar una decisión al respecto.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el también expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia afirmó que hay una “necesidad constituyente” de que el pueblo soberano decida. “No serán los sabios del Tribunal ni las autoridades; deberíamos llevar esto a una decisión soberana de la gente que decida cuál es el orden de la reelección”.
La reelección indefinida es un tema que está en cuestión, principalmente, entre las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, el asunto tiene antecedentes que datan desde hace varios años.
El expresidente Evo Morales ganó dos elecciones bajo la nueva Constitución, en 2009 y 2014. En 2019, se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos.
En 2016, impulsó el referéndum para la modificación de la Constitución para una nueva repostulación. En ese proceso electoral, el No a la modificación de la Constitución se impuso con un 51,3% de los votos y el Sí logró 48,7%
Pese a ello, se presentó en las presidenciales gracias al amparo de la Sentencia Constitucional 84/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que reivindicó la reelección como un derecho humano. Aunque en 2019 ganó los comicios, la oposición denunció “fraude” y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política y salir del país.
Al respecto, Rodríguez consideró que la Sentencia 084/2017 del TCP fue «desafortunada» y que los miembros de ese tribunal interpretaron la ley a su manera.
Uno de los argumentos que utilizó Morales fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
En criterio de Rodríguez, el problema requiere una salida política ciudadana, debido a que el TCP no goza de legitimidad por la prórroga de magistrados y consejeros de los altos tribunales, quienes no puedes ser remplazados por el empantanamiento de las elecciones judiciales.
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