La red de ciberestafas desarticulada en Santa Cruz movía cada mes al menos Bs 400.000, según las investigaciones del Ministerio Público. El costo mensual de la planilla de sueldos alcanzaba a Bs 240.000.
El sábado, un juez determinó la detención preventiva por seis meses de ocho de los 10 principales implicados; mientras que los otros dos recibieron arresto domiciliario, para lo cual tendrán que pagar primero una fianza.
El miércoles, un megaoperativo en la zona de Equipetrol, en el segundo anillo de la capital oriental, detuvo a más de un centenar de trabajadores de la empresa fachada, Legend Global, que operaba mediante un “call center”.
Desde allí se realizaban estafas y extorsiones mediante aplicaciones, redes sociales y llamadas telefónicas. La compañía figuraba, en los documentos “legales”, como una que realizaba estudios de mercado y encuestas de opinión pública.
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El personal, principalmente jóvenes universitarios con conocimientos en informática, era capacitado por los administradores de esta organización criminal para extorsionar a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.
El sábado, tras una audiencia cautelar de casi cinco horas, el fiscal Cándido Blanco afirmó que se demostró “de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”.
Un ciudadano chino, Lei Z., está en la mira por ser supuestamente el cabecilla de esta banda que comenzó sus operaciones en Colombia, para posteriormente asentarse en Perú, donde fue descubierta y migró a Bolivia, Santa Cruz, en diciembre.
Red de ciberestafadores
Los delitos que están en la carpeta de investigaciones son enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. La defensa de los sindicados anunció que apelará las detenciones preventivas.
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Blanco explicó que la empresa fachada nació con un capital de Bs 70.000, el 50% de las acciones lo tenía Lei Z. y la otra mitad, una ciudadana colombiana de 19 años, Sofía P.; ambos se encuentran entre los que fueron enviados al penal de Palmasola.
Eso no es todo. El viernes, el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló que la firma bajo la pantalla de un “call center” pagaba un salario mínimo de Bs 2.500 a los trabajadores que reclutaba y tenía una planilla de Bs 240.000 al mes.
El sábado, el fiscal a cargo del caso indicó que las ganancias tenían buen color para estos ciberdelincuentes, ya que el “movimiento real” era de Bs 400.000 cada mes, o sea, si se hacen números, sobraban Bs 160.000 mensuales para ganancias y otros gastos.
Bajo préstamos con intereses de entre 30 y 40%, y el acceso a información de los celulares de los deudores (imágenes, contactos, cuentas de banco…), se procedía a la extorsión con hasta amenazas de muerte, inclusive a familiares y amigos.
La Policía estableció que cada empleado tenía la misión de cobrar al menos a 10 víctimas por día, es decir, al menos 1.080 personas de Chile, Ecuador, México y Perú eran contactadas diariamente desde las oficinas del “call center” cruceño.
