El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, consideró que el proyecto de ley “Lo jeno no se toca”, impulsado por el Ministerio de Gobierno, apunta a “un irracional uso de la detención preventiva” en el sistema penitenciario del país.
El funcionario basó su cuestionamiento en un análisis académico sobre el contenido de esa propuesta que fue publicado por su despacho.
“En un escenario donde el sistema penal se usa como forma de solucionar requerimientos sociales provocando el aumento correlativo de la detención preventiva, corresponde realizar una reflexión sobre los alcances de este tipo de proyectos en consideración al ser humano como sujeto de derechos y no como objeto de control”, dijo este miércoles el Defensor en una conferencia de prensa.
Actualmente, la población privada de libertad en las 46 cárceles del país, entre urbanas y provinciales, alcanzó un total de 30.659 personas, entre hombres y mujeres. Eso evidencia un hacinamiento del 191%, según datos de Régimen Penitenciario hasta abril de 2024.
Proyecto de ley
Del universo de reclusos, el 62,5% guarda detención preventiva, mientras que solo el 37,5% tiene sentencia.
En criterio de Callisaya, el uso desproporcionado de la detención preventiva provoca una “crisis casi de carácter humanitario en las cárceles de Bolivia”.
En su análisis, el Defensor del Pueblo consideró que, ese proyecto de ley hace que el “delincuente callejero” se constituya en el “enemigo simbólico interno del Estado”, objeto de control y ataque con el mayor “peso de la ley”.
El proyecto de ley “Lo ajeno no se toca” fue presentado por el Gobierno el 9 de mayo. Incluye un nuevo tipo penal denominado apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años; es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve.
Detención preventiva
En su aplicación, el proyecto plantea que, cuando un delincuente esté en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.
Precisamente La Razón consultó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la incidencia de esa norma en el hacinamiento carcelario. Respondió que su despacho busca la descongestión de los recintos, principalmente con dos medidas: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.
“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.
Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar. El debate sobre esa norma e encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.
