La expresidenta Jeanine Áñez cuestionó que las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se denuncian entre ellos por la supuesta comisión de varios delitos, sin embargo, “ninguno va preso”.
La exmandataria se refirió al fuego cruzado entre evistas y arcistas, que va desde supuestos hechos de corrupción de parte de funcionarios y autoridades designadas por el presidente Luis Arce, hasta denuncias de “desestabilización” por parte del bloque afín al líder del MAS, Evo Morales.
Sin embargo, el caso al que hizo alusión la otrora senadora tiene que ver con un video en el que el diputado Rolando Cuéllar, cercano al jefe de Estado, explica cómo los seguidores de Morales fabrican armas artesanales.
Jeanine Áñez
“Los masistas se denuncian entre ellos y ninguno va preso. Así atacaron al país por instrucción de Evo Morales en 2019, luego huyó y siguió organizando la violencia armada contra el pueblo boliviano. Aquí explican su forma de proceder en Senkata y Sacaba”, publicó Áñez en su cuenta de X.
El diputado oficialista explicó que algunos movilizados utilizan la bandera del MAS para “camuflar” armas con proyectiles “de calibre 12”.
Según afirmó, esas armas de fabricación casera son utilizadas por miembros de protestas convocadas por Morales; con el fin de herir o causar bajas e inculpar al Gobierno “para pedir la renuncia” del mandatario.
Según Áñez, esa fue la forma de operar de los movilizados en las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019. Entonces, primero, el 15 de ese mes 10 personas murieron en represiones policiales y militares, todas a bala, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.
Violencia
La segunda jornada violenta ocurrió el 19 de ese mes, pero en la zona de Senkata, en El Alto. La misma cantidad de personas perdieron la vida, por impacto de bala, en medio de la represión policial.
En total, según informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entonces se registraron 37 fallecidos en la crisis poselectoral de 2019; 20 de ellos en las masacres de Sacaba y Senkata.
Policías y militares actuaron irrumpieron las movilizaciones, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades ante el posible uso excesivo de la fuerza.
Los manifestantes exigían el “respeto a la democracia”, pues Áñez asumió el poder ipso facto luego de la renuncia del entonces mandatario Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de ese año.
Presidencia
Dos días después, la legisladora opositora asumió, primero, la titularidad de la Cámara de Senadores y luego la presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum reglamentario ni la presencia del MAS, que ostentaba la mayoría en ambas Cámaras.
Por estos hechos, en el caso denominado Golpe de Estado II, fue sentenciada en 2021 a 10 años de prisión. Está acusada de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
Si bien guarda detención desde el 14 de marzo de 2021, el 10 de junio de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a prisión en ese caso.
Dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2023.
