Luego de la accidentada sesión de la Asamblea Legislativa del jueves, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, desahució la tuición legislativa para cesar las funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017.
“El Legislativo no tiene atribuciones para dejar cesantes los cargos de magistrados. La interpretación de la Constitución le corresponde al TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional)”, dijo el magistrado, citado por el diario Correo del Sur de Sucre.
Hay una acalorada discusión sobre la legitimidad de esas autoridades a raíz de la Declaración Constitucional 049/2023, emitida en diciembre del año pasado por el TCP, que amplió el mandato de las altas autoridades de ese tribunal y del TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, ante las fallidas elecciones judiciales y pese a que su vigencia constitucional es de seis años.
TSJ
Jaimes fue consultado sobre la jerarquía de la interpretación constitucional que avala la continuidad de los magistrados respecto de la decisión que tomó el jueves la sesión bicameral convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. “Jurídicamente sí, aunque políticamente quieran hacer ver lo contrario”, respondió.
Diputados y senadores del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos fueron parte de la sesión plenaria de la Asamblea y modificaron el orden del día de la convocatoria, cuyo único tema era el decreto presidencial sobre indulto. Incluyeron el debate sobre el proyecto de ley 075, al que incluyeron el contenido del proyecto 073 sobre plazos procesales, y con ello anularon la prórroga del mandato de los magistrados.
Asimismo, igualmente por más de dos tercios de la votación, se aprobaron una resolución para la continuación de la preselección de postulantes con miras a las elecciones judiciales, y un crédito externo de $us 174 millones.
No obstante, a horas de la sesión, el Tribunal Constitucional suspendió la competencia de Rodríguez para su convocatoria al plenario, advirtiendo que cualquier determinación que emerja de la sesión no tendrá ningún efecto. Pese a ello, no se suspendió el debate de los asambleístas.
Pulseta
Esto ha derivado en un fuego cruzado entre los dos bloques del oficialismo: quienes respaldan al expresidente y jefe del MAS, Evo Morales (evistas), y los que apoyan al presidente Luis Arce (arcistas). Los primeros declararon legal la convocatoria de Rodríguez, delfín de Morales. Mientras que los segundos la tildaron de inconstitucional e incluso amenazaron con la apertura de un proceso por usurpación de funciones.
Es un capítulo más de la pulseta interna en el partido de gobierno, la que derivó en la no realización de las judiciales el año pasado, cuando los comicios no pudieron llevarse a cabo en medio de recursos planteados ante la Justicia y la declaratoria de nulidad por parte del Constitucional a la ley corta sobre el tema.
Este año, un acuerto entre oficialismo y oposición reencaminó el proceso, pero igual tropezó con recursos judiciales de inhabilitados y la consiguiente paralización por una acción popular.
