El encuentro nacional de la facción evista del Movimiento al Socialismo (MAS) emitió 15 resoluciones. Ratificó a su líder, Evo Morales, como candidato a las elecciones presidenciales de 2025 y conminó al presidente Luis Arce a promulgar en 10 días las leyes sancionadas en la polémica sesión de la Asamblea Legislativa del jueves 6 de junio.
Sin, embargo, el punto más importante fue la candidatura de Morales. “Rechazar cualquier intento de inhabilitación a nuestro hermano Evo (Morales), provocado desde el Gobierno a través del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en complicidad con el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, dice el segundo punto leído por el jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Jorge Cucho.
Evo Morales
Además, resolvió “conminar” al vicepresidente David Choquehuanca a que retire, en 24 horas, el recurso directo de nulidad interpuesto ante el TCP contra la sesión bicameral.
La cuarta resolución exige el cese inmediato de los magistrados y consejeros electos en 2017, cuyo mandato fue ampliado por la Declaración Constitucional 049/2023 del año pasado.
“Deben ser castigados con todo el peso de la ley o, caso contrario, el pueblo no tendrá que guardar obediencia a las disposiciones ilegales de esos magistrados. El pueblo boliviano estará en las calles”, leyó.
Asimismo, el encuentro resolvió exigir al TSE “retirar” la primera amonestación grave del MAS, por incumplir a la renovación de su directiva nacional, a la que calificó de “injustificada, abusiva y arbitraria”.
Leyes
Anunció una denuncia internacional por supuestos “intentos del Gobierno de proscribir al MAS”.
Los militantes pidieron al Gobierno regularizar la distribución de combustibles en el país y solucionar la escasez de dólares. Solicitaron al Banco Central de Bolivia (BCB) “transparentar” la información sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN).
Otra de sus resoluciones tiene que ver con la abrogación del Decreto Supremo 4732, del que los evistas afirmaron que “atenta contra la propiedad privada”.
Declararon “enemigo” al presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel campero, al que calificaron como “peón de la corrupción” y del Gobierno. “Vas a tener que pagar por querer proscribir al MAS”.
Decidieron denunciar a los miembros de la Sala Cuarta del TCP, Gonzalo Hurtado e Iván Espada, por “consolidar ilegalmente 33 hectáreas de tierra en favor de Branko Marinkovic”; además, pidieron auditoría a todas las resoluciones de ese despacho.
Exigencias
“Exigir a la Gestora, al Ministerio de Economía y al BCB, transparentar la información de las operaciones que permitieron obtener $us 250 millones a cambio de empeñar los bonos soberanos de la Gestora”, dice a la decimoprimera resolución.
Pidieron, además, la renuncia del titular de la Gestora, Jaime Durán.
Definieron la defensa del sistema de jubilación por “las acciones oscuras de la Gestora” y apuntaron de “cómplices” a miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), aunque no dieron nombres.
Fustigaron el genocidio en la Franja de Gaza y defendieron los derechos humanos de la población de esa región.
Finalmente, reafirmaron “el compromiso” en la defensa de su partido.
Ese encuentro que según los oradores “colmó” el estadio de Villa Tunari, no contó con la supervisión del TSE.
