La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame afirmó que las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia “van a sanear”, esta semana, los recursos a favor de algunos postulantes a las elecciones judiciales. Y, posteriormente, se prevé continuar con la evaluación de méritos.
El proceso de preselección de candidatos a los comicios judiciales se paralizó el 30 de abril, cuando una Sala Constitucional en Pando falló a favor de una acción popular. Antes, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz había frenado el trámite el 16 de abril.
Sin embargo, el 23 de mayo el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo e instruyó a las comisiones a continuar con el proceso. No obstante, por el desfase del calendario, las comisiones abandonaron la tarea.
Con la sesión polémica del pasado 6 de junio, la Asamblea Legislativa emitió una resolución para que las comisiones continúen con el proceso. Sin embargo, las labores no avanzaron hasta la fecha.
Desde entonces, ambas comisiones buscan reencauzar el proceso de preselección, pero primero deben resolver todos los amparos constitucionales que presentaron los candidatos inhabilitados.
En entrevista con La Razón Radio, Salame aseguró que se volverán a revisar los requisitos de los postulantes inconformes que presentaron amparos. “Lo que se hará primero, es responder a lo que son las acciones constitucionales”.
Explicó que después de la revisión de emitirá una convocatoria pública para los exámenes orales. “La Comisión de Justicia incluso ya cuenta con un cronograma”. Afirmó que el plazo de la Asamblea Legislativa comenzará a correr desde el día en que empiece la fase de evaluaciones, etapa en la que se paralizó el proceso.
“El plazo se reiniciará desde el día que empecemos con la evaluación oral”, añadió.
No obstante, la legisladora espera que “no haya otra mano negra “que ponga freno al proceso de preselección, ahora que las comisiones mixtas buscan retomar sus tareas.
“Yo no quisiera cantar victoria. Quiero suponer que no tendremos otras manos negras”, dijo.
En su criterio, el proceso debería continuar porque, de lo contrario, “se estaría legalizando la ilegalidad y permitiendo” que los magistrados prorrogados sigan en funciones.
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