Debido a la especulación que provocó la oposición, sobre un posible acuerdo entre el exministro de Gobierno Arturo Murillo y la Procuraduría General del Estado (PGE), a raíz de la postergación del juicio por el caso Gases Lacrimógenos, el procurador César Siles explicó que la PGE dará continuidad al proceso.
“Esta Institución de creación constitucional, reitera y patentiza el seguimiento permanente a este caso e impulsará el proceso hasta obtener el resarcimiento total del daño económico causado por Murillo y sus cómplices y encubridores”, explicó en un comunicado.
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Caso
El caso Gases lacrimógenos investiga una comprar irregular de material antidisturbios que adquirió la gestión de la expresidenta transitoria Jeanine Añez en 2020.
El principal implicado es Murillo, aunque también se encuentran como cómplices el exministro de Defensa Luis Fernando López, entre otros. Al conocerse la postergación del juicio, la oposición consideró que se trataba de un acuerdo entre el Estado y Murillo, quienes daban por concluido el proceso.
De acuerdo a las investigaciones, los gases lacrimógenos se adquirieron por $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones representan sobreprecio; que incrementó las ganancias personales de los acusados.
En 2021, Murillo fue detenido en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y sobornos. En octubre de 2022 se declaró culpable para reducir su condena; por lo que en enero de 2023 recibió una pena de 70 meses, poco más de seis años de cárcel.
Medidas
De acuerdo con Siles, Murillo se declaró en quiebra, pero, de todas maneras, la PGE tomó medidas, como la congelación de sus cuentas bancarias.
“La Procuraduría ha tomado medidas precautorias, anotando preventivamente bienes, incautando dinero, haciendo el registro de cuentas. Los montos tratan de aproximarse a este daño que ha sido ocasionado”, informó el director de asuntos jurídicos de la PGE, Aldo Torrez.
Desde la gestión de Siles, la PGE intenta asumir únicamente los casos que causen perjuicios económicos superiores a Bs 5 millones. El caso Gases Lacrimógenos, de acuerdo a Torrez, asciende a más de $us 6 millones en perjuicio del Estado.
Por ello, el proceso se encuentra dentro de la categoría de ‘ultrapriorizado’, además de la importancia mediática del caso.
Procesos
“Luego de que él cumpla su condena y sea puesto a la disposición de las autoridades migratorias (…) va a ser seguramente expulsado de los Estados Unidos y va a tener que rendir cuentas también en Bolivia por todos los procesos penales”, explicó Siles.
En relación a la postergación del juicio, que deberá iniciar el próximo 23 de agosto, Siles espera que la cancillería notifique a López, quien se encuentra refugiado en Paraguay. Pese a que el exministro está en rebeldía, Siles explicó que el juicio puede iniciarse de todas formas.
