Durante el juicio oral que iniciará el 2 de septiembre por el acaso Senkata, la Fiscalía pedirá la máxima sentencia por el delito de genocidio en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, además de otros 14 acusados, entre exjefes militares y policiales.
El Código Penal establece que el delito de genocidio “será sancionado con presidio de diez a veinte años”.
“El día de ayer la comisión de fiscales a cargo del caso Senkata fue notificada con el auto de apertura de juicio que fue señalado para el 2 de septiembre. Una vez que se instale el juicio oral, la comisión va a requerir la máxima pena; toda vez de que se acreditó la existencia del hecho a través de la prueba documental presentada junto a la acusación”, sostuvo Sergio Fajardo, fiscal superior de la Fiscalía General del Estado.
Acusación
En octubre de 2023, el fiscal general Juan Lanchipa informó que la comisión de fiscales asignados al caso Senkata presentó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal por el delito de genocidio en contra de 18 exautoridades de la gestión de Áñez. De acuerdo con la Fiscalía, la acusación contiene un legajo probatorio con más de 700 elementos probatorios de diferente índole que sustentan la tesis acusatoria.
“La acusación formal por los hechos luctuosos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de Alto se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba colectados en el curso de la investigación como 25 dictámenes periciales, alrededor de 450 pruebas documentales; 11 informes técnicos de investigación, además de la recepción de 126 entrevistas, 40 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas; 30 informativas de efectivos policiales, 50 entrevistas informativas a víctimas y 8 entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros”, señala la nota de prensa de la Fiscalía.
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De acuerdo con los antecedentes, en noviembre de 2019, el país vivió un escenario de conflictividad persistente en todo el país. La población realizó manifestaciones y bloqueo de vías que se incrementaron a partir del 10 de noviembre de 2019.
El 19 de noviembre de 2019, efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta a la Planta de YPFB – Senkata y sus inmediaciones; dando ejecución al Plan Ogo para el traslado de combustible y a la conclusión de esta operación, se ejecutaron acciones de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones caza, todo ello, en contra de los manifestantes civiles desarmados.
Traslado militar
El personal militar fue trasladado de otros departamentos, entre ellos, las Fuerzas de élite pertenecientes a la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol); Batallón de Satinadores “Germán Busch” y miembros del grupo especial F-10, munidos con armamento y munición de guerra, intervinieron la Planta de Senkata. Como resultado del operativo existen 10 personas fallecidas y varios heridos, todos por impacto de proyectil de arma de fuego.
El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta; luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.
Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.
La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
