El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldó al mandatario boliviano, Luis Arce, luego de lo que el Gobierno denominó golpe de Estado fallido, del 26 de junio, y reivindicó la democracia en el país.
“La democracia boliviana ha prevalecido tras un largo recorrido salpicado de golpes de Estado y dictaduras (…). No podemos tolerar ensoñaciones totalitarias ni golpes de Estado, tenemos la enorme responsabilidad de defender la democracia frente a los intentos de hacerla retroceder”, dijo ‘Lula’ en Santa Cruz.
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26 de junio
Ya pasaron 14 días desde que un grupo de militares liderados por el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, ocupó la plaza Murillo; con la misión de, como lo dijo el propio exjefe militar, tomar el Palacio de Gobierno.
Fuertemente armados, los uniformados llegaron en tanquetas y vehículos blindados al Kilómetro Cero de La Paz.
El entonces jefe militar, intentó ingresar al Palacio Quemado, pero el presidente Luis Arce lo esperaba en la puerta de ese edificio. Al encararlo, Arce le ordenó que repliegue al personal que cerró la plaza Murillo, pero Zúñiga se negó.
Rápidamente, Arce decidió remover a los tres miembros del Alto Mando Militar. La primera acción de las nuevas autoridades militares fue la orden del repliegue de los uniformados.
“Lo que juzgábamos que era el fin del camino, era un terreno aún movedizo”, consideró el presidente brasilero.
Por su parte, el jefe de Estado boliviano agradeció el respaldo a su Gobierno.
“Sabemos lo que ha pasado (…). El presidente de Brasil, que para nosotros representa un presidente orientador en la región y con mucha influencia a nivel mundial, que se manifieste sobre lo que ocurrió en nuestro país el 26 de junio ha sido muy alentador”, respondió Arce.
Investigados
Ese caso, denominado por la Procuraduría General del Estado como Golpe de Estado III, fue abierto de oficio por la Fiscalía el mismo día de los hechos.
Ya hay más de 100 investigados, de los cuales 24 fueron cautelados por la supuesta comisión de cinco delitos: terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Ellos ahora enfrentan una posible privación de libertad de hasta 25 años, según el procurador general del Estado, César Siles.
