A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades respetar el debido proceso de los aprehendidos por la toma militar de la plaza Murillo, además, exigió que “se realice una profunda investigación y se respeten todos los derechos humanos de las personas implicadas”.
Pidió a las instancias pertinentes que se permita el trabajo de la Defensoría para garantizar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en el marco de la normativa vigente, para que “no sean vulnerados en el proceso de la búsqueda de la verdad”.
“La Defensoría del Pueblo advierte que, dentro de las investigaciones, urge la necesidad del cumplimiento del debido proceso por parte de las instancias a cargo”, señala el pronunciamiento.
El 26 de junio, un grupo de militares, a la cabeza del general Juan José Zúñiga, irrumpió en la plaza Murillo y golpeó la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta. El militar anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.
Este hecho es calificado por el Gobierno como un “intento fallido de golpe de Estado”. La Fiscalía lo investiga bajo el paraguas de los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Hay 25 aprehendidos entre militares, efectivos del servicio pasivo y civiles.
La entidad defensorial explicó que tras el inusual movimiento castrense del 26 de junio, el Ministerio Público inició las investigaciones y detuvo en las primeras horas a 17 personas, entre militares y civiles, así como activistas de derechos humanos, sin embargo, indicó que su trabajo fue obstaculizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y otras instituciones.
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También recordó que el 27 de ese mes, la comisión defensorial esperó todo el día la autorización para entrevistar a los 17 aprehendidos. Además, mencionó que luego del traslado de Fernando Hamdan de Santa Cruz a La Paz el 7 de julio, se esperó varias horas para lograr la entrevista con esta persona y verificar su situación en celdas. “Este mismo hecho se repitió ayer, cuando el Juzgado 52 de Instrucción Penal de la Fiscalía Departamental de La Paz llevó adelante la audiencia cautelar”.
“La Defensoría como institución al servicio del pueblo tiene la función de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales. En ese marco, realiza el seguimiento a múltiples casos de posibles vulneraciones de los derechos humanos y fundamentales de las y los bolivianos”, añade el pronunciamiento.
