La canciller Celinda Sosa pidió a principios de junio que el vocal Israel Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, sea postulado como miembro del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entonces, en una carta dirigida al secretario general de la OEA y fechada el 3 de junio, Sosa aseguró que la inclusión de Campero, “contribuirá favorablemente” a ese organismo internacional.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del Gobierno de Bolivia para presentar formalmente la candidatura del Dr. Israel Ramiro Campero Méndez al Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos, de quien adjunto su destacada hoja de vida”, dice parte de una carta enviada al titular de la OEA, a la que tuvo acceso La Razón.
Israel Campero
Fechada el 3 de junio y con la clasificación de “urgente”, la misiva considera que la postulación de Campero “será considerada favorablemente y contribuirá significativamente” a dicho Tribunal.
“Cuenta con las cualificaciones necesarias y una distinguida trayectoria en el ámbito judicial”, señala otra parte.
“Solicitamos amablemente su colaboración para presentar esta candidatura ante las instancias pertinentes de la OEA y para mantenernos informados sobre el progreso de nuestra propuesta”, complementa el pedido de Sosa.
El 30 de junio, por aclamación, el vocal Campero fue reelegido como juez de dicho Tribunal, en ocasión de la 54ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Asunción.
OEA
“Para el Tribunal Administrativo, los Estados Miembros reeligieron por aclamación a Israel R. Campero Méndez (Bolivia) para un período de seis años”, dice un boletín institucional.
Campero fue juez de esa oficina desde enero de 2019 y su mandato concluirá en diciembre de este año. Tras su reelección, su nuevo periodo comenzará en enero de 2025, hasta 2031.
La solicitud de Sosa se conoce luego de que, principalmente el evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitiera duras críticas respecto del trabajo del vocal Campero, en su condición de presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz.
El primer hecho que despertó “el rechazo” a su trabajo, ocurrió el 2 de mayo, cuando la oficina de Campero ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso de la facción arcista del MAS, celebrado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.
Sala Constitucional
Más adelante, el 23 de mayo, el mismo TSE resolvió rechazar las resoluciones de ese cónclave por “incumplimientos insubsanables”.
Otro hecho que se sorteó en la oficina de Campero es la acción de cumplimiento contra el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, por no convocar a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga de magistrados.
El 21 de mayo, propiciada por los senadores evistas William Torrez y Lucy Escobar, esa solicitud fue admitida por la Justicia y derivada a la Sala de Campero.
Inmediatamente, los accionantes, junto al asesor jurídico del Senado, Israel Quino, decidieron trasladar la solicitud a una sala constitucional en Cochabamba, pero ésta se declaró incompetente y devolvió el caso a la sala de Campero.
