Hace un mes, Bolivia vivió horas de zozobra cuando un centenar de militares armados y en tanquetas irrumpieron plaza Murillo, en La Paz. Rápidamente, el Gobierno denunció algo impensable un día antes: en Bolivia se orquestaba un golpe de Estado.
Durante aproximadamente tres horas, los ojos del mundo se posaron en el país y los bolivianos; los medios transmitían en vivo los hechos y mostraban la histeria colectiva. Filas en los supermercados, gasolineras, cajeros y demás servicios completaban el ambiente de tensión.
El principal artífice del ‘intento fallido de golpe de Estado’, como lo calificó el Gobierno, fue el otrora comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Vociferaba ante los medios la molestia de los militares con la gestión del presidente Luis Arce; decía que se sentían traicionados, que tomarían el poder, cambiarían el gabinete, llamarían a nuevas elecciones y liberarían a los ‘presos políticos’.
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26 de junio
Sin embargo, en un hecho atípico, el militar y el presidente se encontraron cara a cara, luego de que una tanqueta derrumbara la puerta del Palacio de Gobierno. Ante la insubordinación de Zúñiga, Arce posesionó a un nuevo Alto Mando Militar y posteriormente el jefe del Ejército fue aprehendido.
Durante su detención, Zúñiga afirmó, en un giro inesperado de los hechos, que la movilización de militares y ‘blindados’ se había tratado de una iniciativa del propio presidente Arce; en un intento de subir su popularidad. Cuando se lo trasladó al penal de El Abra, en Cochabamba, donde se encuentra detenido desde entonces, sonriente, afirmó que “un día se conocerá la verdad”.
Rápidamente comenzaron a caer los pesos pesados involucrados en el caso: Juan Arnez, entonces comandante de la Armada, y Marcelo Zegarra, otrora comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, fueron detenidos por haber participado en la insurrección militar. Éstos tenían opción de recular en su posición ante el mismo Arce; no lo hicieron.
De acuerdo con el Gobierno, la toma del poder no logró consumarse debido a que Zúñiga no recibió todo el apoyo del Ejército y, de hecho, algunos decidieron no acudir al llamado y dejaron al jefe militar desguarnecido.
Implicados
En los días posteriores fue detenida una decena de militares y comandantes. Sin embargo, también estuvieron involucrados civiles, según las investigaciones del Ministerio Público.
Aníbal Aguilar, un sociólogo que habría sido el “principal ideólogo” del golpe, y Luis Fernando Hamdan, que se atribuye la presidencia en Bolivia de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), fueron señalados como los “coautores”.
Según denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, este último se reunión dos días antes de la intentona con Zúñiga y que preparó el discurso y la estrategia política.
De acuerdo con las investigaciones, ambos entablaron una gran cantidad de llamadas con el general antes y durante la intentona de golpe.
Sin embargo, aún hay presuntos responsables a los que no se pudo encontrar, como el militar del servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, quien, desde la clandestinidad, afirmó que Zúñiga no pretendía dar un golpe de Estado y remarcó la amistad que éste tenía con el presidente Arce.
En total, 26 personas se encuentran aprehendidas; 22 con detención preventiva, en su mayoría de seis meses, mientras que cuatro gozan de otras medidas sustitutivas, como detención domiciliaria.
El 9 de julio, en Piedra, Papel, y Tinta de La Razón, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que, según las pesquisas, Zúñiga planeaba desde marzo la intentona de golpe de Estado y tenía el apoyo de 179 militares.
Comunidad internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE); casi todos los gobiernos de la región manifestaron su apoyo a la gestión de Arce y alertaron la amenaza a la democracia cuando se registraron los hechos.
Los más visibles fueron los presidentes Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. El presidente de Argentina, Javier Milei, marcó la diferencia: a través de su oficina consideró que lo que ocurrió el 26 de junio fue una “falsa denuncia de golpe de Estado” y en voz propia dijo que “se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota”.
En protesta por las declaraciones, la Cancillería de Bolivia retiró a su embajador en Argentina, Ramiro Tapia, y llamó a consultas al de Buenos Aires, Marcelo Massoni.
‘Autogolpe’
SI bien al principio de los hechos Morales denunció “golpe de Estado” y llamó a un paro nacional, poco a poco se decantó en un discurso similar al de Milei, como se lo recordaron desde el Gobierno.
“Fue un autogolpe”, dijo el exmandatario en sendas entrevistas ante CNN, BBC y el diario español El País. Fue un “show bien montado”, insistió.
Arce, a su vez, le pidió que no se equivocara y que no ponga en entredicho el intento de golpe, “como hace la derecha”.
La tesis del autogolpe se sustenta por la falta de muertos, las palabras de Zúñiga, lo atípico de los hechos, y la presunta amistad entre general y presidente. Mientras que el Gobierno sostiene que nadie sacrificaría 30 años de su vida, máxima pena a la que se enfrentan los implicados en caso de que se los declare culpables, por un “show”.
A casi un mes del suceso, el Gobierno dispuso este jueves el traslado de Zúñiga al Instituto de Investigación Forense (IDIF), de Cochabamba, con el objetivo de que pueda brindar nuevas declaraciones que favorezcan la investigación sobre lo que sucedió aquel 26 de junio.
