Pasadas las 15.00 de este jueves comenzó la sesión de la Asamblea Legislativa que busca la aprobación de los informes de las comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural respecto de la lista de postulantes habilitados para las elecciones judiciales.
Cuando el senador Pedro Vargas, primer secretario de la Cámara de Senadores, leía el orden del día, su colega del ala evista Hilarión Mamani irrumpió en la testera y exigió que se le otorgue la palabra.
Bochorno
En medio de gritos reclamó su participación al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca. Éste, que se encontraba acompañado por el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, le pidió que se retire de ese espacio y vuelva a su curul, pero el legislador representante del sector minero insistió.
Otro grupo defendió a Choquehuanca y salió a increpar las acciones de sus colegas evistas.
“Orden en sala, orden en sala”, pidió el presidente nato de la Asamblea Legislativa.
Choquehuanca pidió a algunas legisladoras “cuidar su lenguaje”, pues vertían insultos contra él y otros diputados y senadores.
“Quiero disculparme al quitar la palabra en la testera. No hemos aprobado el orden del día. Voy a pedir modificación del orden del día”, dijo el senador Mamani desde su curul, cuando los forcejeos cesaron.
Asamble Legislativa
En la misma línea, el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara Baja, pidió la modificación del orden del día para debatir “con carácter de prioridad” los informes de los postulantes a los altos cargos de los Tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Hay expectativa por la aprobación de dichos informes de las comisiones mixtas, luego de un accidentado proceso de preselección que comenzó el 17 de febrero de este año.
Según dicta la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, los informes deben ser aprobados por dos tercios de la votación del pleno bicameral. La lista debe estar compuesta por 96 profesionales, como mínimo, y 192, como máximo, para que sean sometidos a votación popular.
Al concluir el debate, la Asamblea remitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que organice los comicios en un plazo de hasta 150 días.
