El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá enfrentar un nuevo caso en su contra, por la presunta irregularidad en la firma de un poder cuando estaba a cargo de la Gobernación en 2023.
“Existiendo elementos de convicción suficientes de la existencia del hecho y la probable participación de los imputados, el Ministerio Público imputa formalmente a Gina María Talavera Chávez y Luis Fernando Camacho Vaca por el presunto delito de falsedad ideológica”, reza la imputación de la Fiscalía.
Puede leer: Gobierno confirma un nuevo aprehendido por la asonada militar
Firmas
El caso fue iniciado en mayo de este año y fue abierto por el Viceministerio de Transparencia, luego de que se hallara irregularidades en las firmas de un poder de 2023.
Mediante este documento, Camacho, encarcelado en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, otorgó atribuciones a algunos de sus secretarios de la Gobernación en materia jurídica.
La entonces notaria de la Gobernación, Gina Talavera Chávez, dio fe de la firma del gobernador electo. Sin embargo, se descubrió que ella no estuvo presente y que ni siquiera ingresó al penal de Chonchocoro. La información la proporcionó Efraín Suarez, entonces vicepresidente de Creemos y asesor de Camacho.
Posteriormente, Talavera intentó justificar la firma, pero las contradicciones y las incoherencias entre las versiones impulsaron las investigaciones.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, Camacho “hizo insertar en dicho instrumento u protocolo declaraciones falsas como si se hubiese constituido a las oficinas de la Notaria de Gobierno situado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.
Cuando se inició el caso, su abogado, Martín Camacho, calificó de absurda e ilógica la denuncia. “Debería estar en calidad de víctima, no de denunciado”, criticó entonces la defensa.
Casos
Se trata de un caso más en el que se ve involucrado Camacho; el principal es el caso Golpe de Estado I, por los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.
También se lo acusa en el caso Decretazo, cuando delegó arbitrariamente sus funciones a un secretario; caso Carro Bombero, por la presunta compra con sobreprecio de un vehículo antincendios; y el caso Paro de 36 Días, cuando lideró junto a otros cívicos protestas violentas en demanda del Censo de Población y Vivienda en 2022.
